22 dic 2011
13 dic 2011
Mapa de los recortes presupuestarios en España
[Insurgente]
La crisis ha tocado a las Administraciones públicas. Varios gobiernos autonómicos y ayuntamientos han anunciado recortes draconianos que afectan a áreas sensibles como Sanidad o Educación. Muchos de ellos ya se han producido y otros se llevarán a cabo a lo largo de toda la legislatura; y aun quedan por cerrar los presupuestos para 2012. Esta es la radiografía dinámica de los recortes recientes y previstos, de momento, en el reino borbónico.
Ver Recortes presupuestarios en España en un mapa más grande
La crisis ha tocado a las Administraciones públicas. Varios gobiernos autonómicos y ayuntamientos han anunciado recortes draconianos que afectan a áreas sensibles como Sanidad o Educación. Muchos de ellos ya se han producido y otros se llevarán a cabo a lo largo de toda la legislatura; y aun quedan por cerrar los presupuestos para 2012. Esta es la radiografía dinámica de los recortes recientes y previstos, de momento, en el reino borbónico.
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8 dic 2011
La contrarreforma laboral que prepara el gobierno del Partido Popular
[Vidal Aragonés,Rebelión]
LAS PROPUESTAS LABORALES DEL PARTIDO POPULAR EN SU PROGRAMA ELECTORAL
El Partido Popular anunció en su programa electoral algunas medidas sobre las relaciones laborales, si bien optó por no explicitar el contenido exacto de las mismas a la vez que ocultaba conscientemente la mayoría de planteamientos que viene manteniendo sobre el Derecho del Trabajo.
El contenido en materia laboral de la derecha española se explicita en su programa electoral en el apartado “Estabilidad y reformas para el empleo” y dentro del mismo en el apartado 1.4. denominado “Empleo seguro y flexible para todos”.
La introducción del indicado apartado autodenominado “Diagnóstico” puede resumirse en el siguiente literal: “Un mercado de trabajo rígido, excesivamente regulado y segmentado ha hecho que el principal mecanismo de ajuste de las empresas ante la crisis económica haya sido el despido de los trabajadores más jóvenes, con contratos temporales o con menor antigüedad, cuando no el cierre”. Describir las relaciones laborales como rígidas supone por si mismo un menosprecio de la verdad, excepto la transformación del contrato de tiempo parcial a tiempo completo y viceversa las restantes notas del contrato pueden ser modificadas. Indicar que los cierres y despidos tienen como principal causa la supuesta rigidez es simplemente pornográfico. ¿Dónde sitúa el PP esa supuesta rigidez? ¿Nada tuvo que ver la crisis orgánica que atraviesa el capitalismo con la destrucción de empleo? ¿Por qué no evitaron aquellos Estados con mayores niveles de desregulación de Derechos Laborales la destrucción de empleo? ¿Por qué otros con un Derecho Laboral más garantista vieron una disminución del empleo inferior? De hecho uno de los motivos por el cual se ha desplomado el empleo fue exactamente el contrario al que señalan los conservadores, las extinción de contractos temporales, que es la forma más precaria (flexible dirían ellos) de contratación. A su vez la importancia del turismo y la construcción en la economía fue el otro elemento determinante en la destrucción de empleo.
Antes de enumerar las medidas anuncia también el PP sus objetivos que dicen ser empleo seguro y flexible, ese gran oxímoron que se cosifica como la teoría de la flexiseguridad. No nos cansaremos de decir que el empleo si es seguro no es flexible, la flexibilidad es la negación de la seguridad.
En cuanto a su descripción de hasta 10 medidas se inicia con una primera genérica sobre las meterías que deben ser objeto de reforma (aunque podemos observar de las medidas que es una auténtica contrarreforma): “contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación”.
La segunda de las medias se describe como una simplificación de la contratación temporal, lo cual no supone en ningún caso una actuación limitativa de la temporalidad sino una minoración de la burocracia para los empresarios, es curioso que indiquen que la medida tendrá como efecto “dar expectativas”. A su vez no augura limitación de la temporalidad la continua evocación de la flexibilidad.
La tercera de las medidas que propone el PP es la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo y que favorezca la movilidad y la formación continua. Este era el punto por el cual Rubalcaba sugería durante la campaña electoral que el partido de Rajoy modificaría la prestación de desempleo, a su vez que fue origen que este último confundiese el “sistema austriaco” con la propuesta de su partido. La significación de la propuesta conservadora supone no sólo una regulación diferenciada de la prestación de desempleo sino que también insinúa que la misma modificase el responsable de la misma del Estado al trabajador y trabajadora.
La cuarta de las medidas tiene como significación la primacía en todos los supuestos los pactos entre trabajadores y empresas, ha de entenderse que en relación a lo regulado en convenios colectivos sectoriales. En todo caso lo más preocupante de esta propuesta es que no hace referencia a lo pactado con los representantes de los trabajadores sino con los “trabajadores”, lo que supone la negación de la negociación colectiva y la sustitución por el pacto individual, algo que debiera ser contrario al artículo 37 de la Constitución Española que consagra como derecho la negociación colectiva laboral entre empresas y representantes de los trabajadores. Es posiblemente esta la sibilina fórmula para plantear la negación de la negociación colectiva en el ámbito de las PYMES.
La quinta de las medidas es la intensificación de la expresada como flexibilidad interna en las condiciones de trabajo, lo que tan sólo puede significar no ya una existente posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, sino cambios sin causas, sin procedimientos, sin plazos. En definitiva una apuesta clara por la desregulación absoluta e ilimitada de los elementos de la relación laboral, lo que significa la inseguridad absoluta para trabajadores y trabajadoras en relación a lo que puede ser su jornada, horario, funciones, retribuciones, etc.
La sexta medida es sobre la cotización de los autónomos. Incorporando la séptima una solicitud de, todavía más, desregularización respecto a las relaciones laborales con autónomos y microempresas. No podemos llegar a saber si se refiere a contratación, condiciones de trabajo, extinción contractual o la totalidad de las mismas.
La octava medida es sobre la formación permanente, sin que se plantee que la misma pudiese ser en jornada de trabajo. En todo caso deberemos recordar que no existe déficit de formación en los trabajadores y trabajadoras.
La novena medida es lo que denominan “una eficaz colaboración público-privada en los servicios globales de empleo, permitiendo la gestión integral de los servicios de intermediación, selección de personal, puesta a disposición de trabajadores, recolocación y formación tanto a trabajadores como a empresas”. En definitiva una apuesta por la privatización absoluta de la gestión de la prestación de desempleo, la formación y el empleo. A su vez se insinúa una asunción por parte de las ETT’s de esa cadena que va desde la gestión de la prestación de desempleo, la formación y la selección de personal.
La décima medida sorprende por pretender en su primera parte ser una apuesta por mecanismos antidiscriminatorios. Si bien no se concreta de manera alguna, resulta paradójico que el partido con representación parlamentaria que más ha explotado las diferencias por razón de sexo, religión, opinión, circunstancias personales o sociales pudiese solicitar ahora medidas antidiscriminatorias. En este mismo apartado requiere controles sobre un pretendido absentismo laboral injustificado, ello es simplemente un absurdo cuando la legislación laboral vigente tipifica con el despido esas prácticas, seguramente lo que se plantea por los trabajadores es un actuación inquisitoria sobre las situaciones de Incapacidad Temporal, nunca por sus causas siempre a por sus víctimas. A la par de la CEOE, lo que está haciendo el PP es caracterizar como absentismo las situaciones de Incapacidad Temporal, insinuando a su vez que existe fraude en estas situaciones.
La medida décimoprimera supone en todo caso una propuesta sin concretar por la conciliación de la vida laboral y familiar, de la misma manera se habla del teletrabajo.
La última de las propuestas es sobre la bonificación de las contrataciones que puedan hacer los trabajadores autónomos.
En todo caso existe una diferencia clara entre lo que ha recogido como contenido de sus propuestas en materia de relaciones laborales en su programa electoral y lo que realmente ha defendido tanto el proceso legislativos como en discusiones políticas previas.
LAS PROPUESTAS LABORALES DEL PARTIDO POPULAR QUE NO HA EXPLICITADO EN SU PROGRAMA ELECTORAL PERO QUE HA MANIFESTADO PÚBLICAMENTE, LAS QUE OCULTA
El PP ha repetido en diferentes momentos de la campaña electoral que si gobierna basará la reforma en las 71 enmiendas que el Grupo Popular presentó en el Congreso a la tramitación de la Ley 35/2010. Así debemos acercarnos tanto a su actuación parlamentaria como a sus propuestas públicas para trazar perspectiva sobre la próxima modificación de la normativa laboral.
Contratación temporal: menos modalidades contractuales pero más precariedad
Por lo que respecta a esa pretendida reducción de los contratos temporales no ha tenido expresión alguna, si bien sí ha habido una concreción clara para extender la temporalidad más precaria, así la Proposición no de Ley sobre un Plan de Empleo para los jóvenes de ahora hace un año es una manifestación clara e inequívoca: que el contrato de formación pueda ejecutarse nuevamente en una misma empresa siempre que el puesto de trabajo sea distinto, así como que las ETT’s puedan formalizar esta modalidad contractual. Recordemos que el Grupo Socialista en el Congreso reproduciendo parcialmente los argumentos del PP procedió a aumentar la edad límite de este contrato hasta los 30 años y estableció las retribuciones posibles para esta modalidad en 421 € (el 75% del SMI). Por último incluso disminuía los requisitos de necesaria formación de este contrato. De la misma manera expresamente para los jóvenes vienen insistiendo en prácticas no laborales, es decir, mano de obra sin derechos y sin retribuciones (aunque realizando una lectura del RD 1543/2011 pareciese que el Gobierno del PSOE ya se les adelantó). Así ninguna medida ha planteado realmente el PP para limitar la temporalidad y sí distintas para incentivarla e incluso precarizarla.
Por el contrario en el proceso legislativo derivado de la Ley 35/2010 si que enmendó el contrato de obra y servicio cuyo contenido supondría el ampliar la duración máxima del contrato hasta los 4 años ampliable hasta los 5 años mediante convenio colectivo.
Se ha anunciado también que optan los conservadores por un contrato de prácticas en el cual su finalidad sea la obtención de experiencia, sin que la negociación colectiva pueda identificar determinados puestos de trabajo, funciones o categorías.
Indemnización por despido: extensión de 33 días por año con tope 24 mensualidades y autopago a través del fondo de capitalización
En cuanto a la indemnización por despido improcedente (injustificado, sin causa) el Partido Popular se ha deslizado por diferentes propuestas, reproduciendo las discusiones que en materia económica se dan entre “liberales” y ultras conservadores. Así estos últimos han exigido hasta la saciedad contrato único con indemnización de 20 días por año y extinción no causal. Por otro lado los sectores “liberales” han explicado al PP sobre la posible ilegalidad del contrato único con despido acausal y vienen ofreciendo como alternativa el acabar generalizando la indemnización a 33 en el improcedente y 20 o 12 días por año el objetivo procedente.
A su vez, si bien no son partidarios que todos los despidos lleven aparejada la aportación de 8 días por año del FOGASA sí que optarán por esta vía para todos los contratos indefinidos y despidos procedentes derivados de extinción colectiva u objetiva, con independencia de la situación de la empresa o realidad de la misma.
Causa miedo el intentar entender el significado del programa del PP que habla expresamente de un modelo a medio camino entre el “austriaco” y el autopago de la indemnización por parte del trabajador y la trabajadora. Así en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la tramitación de la Ley 35/2010 se apuesta por un modelo que sin aumentar las cotizaciones empresariales suponga un fondo de capitalización constituido a lo largo de su vida en relación a días por año de servicio y que será objeto de recuperación en los supuestos de despido. Así se constituye una realidad indemnizatoria por la que cada trabajador o trabajadora se paga la suya durante la vida laboral, transformando que el despido sea de un coste variable para las empresas, a un no coste o coste fijo y constituido en el tiempo. Huelga decir que ello generará una visión para los empresarios que el despido no tiene coste alguno.
Despido objetivo y colectivo: facilitar más la causa económica y la extinción por ausencias justificadas
Más allá de la discusión sobre el coste del despido improcedente tiene tanto o más importancia el elemento causal del despido objetivo y los Expedientes de Regulación de Empleo. En las enmiendas a la Ley 35/2010 expresaban: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa o de la evolución de su nivel de actividad se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa acreditará los resultados o la evolución del nivel de actividad que sirven de base a la decisión extintiva”. Se percibe así una voluntad de facilitar, todavía más, la causa económica.
En un sentido similar el criterio finalístico para las causas técnicas, organizativas y productivas, facilitará todavía más las extinciones de contrato: “justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para ajustar el volumen de empleo de la empresa a la situación derivada de la causa acreditada”.
De la misma manera para el despido objetivo por faltas justificadas han planteado en repetidas ocasiones la eliminación de las ausencias colectivas, para que fuese tan sólo un determinado porcentaje de ausencias individuales justificadas causa de despido.
Bonificación de la contratación: inclusión de bonus malus
La primera de las medidas que el PP se ha encargado de anunciar ha sido la bonificación de cualquier contrato, con lo cual incluso la contratación temporal y precaria recibirían dinero de las arcas del Estado o estarían exentas de cotizaciones.
Se han pretendido justificar las bonificaciones por el alto nivel del desempleo juvenil, femenino y de mayores de 52 años, si bien al final se bonifica prácticamente toda la contratación, con lo cual no existirá ni tan siquiera un efecto de estimular unos determinados contratos.
Con especial entusiasmo se plantean las bonificaciones a autónomos, reforzándolos así como empresarios, a su vez que el desarrollo legislativo del autónomo dependiente sitúa a los mismos al puro arbitrio de la existencia de derechos.
Prestación de desempleo y agencias de colocación: transformación de la prestación de desempleo y profundización en su gestión
En un sentido similar se anuncia por los conservadores españoles posibilidades diferenciadas para la prestación de desempleo la "capitalización individualizada" lo que supone no sólo romper con el histórico sistema de solidaridad y unidad de caja así como aportación del Estado, pasando a un sistema privado donde cada trabajador y trabajadora se deberán asegurar su situación de desempleo. De la misma manera en los últimos 3 años distintos dirigente del PP han manifestado a título personal su voluntad de rebajar la prestación de desempleo y presionar para la pérdida de la misma ante determinados incumplimientos formales.
Los trámites legislativos también pusieron de manifiesto la opción por que las Empresas de Trabajo Temporal operen como empresas de colocación siempre que obtengan autorización del Servicio Público de Empleo Estatal para ello.
Negociación colectiva: reforzamiento del convenio de empresa y del descuelgue respecto al convenio de sector
Otra de las medidas que el PP no ha querido explicitar pero se puede incluso extraer de su programa es la eliminación de la negociación colectiva de las PYMES, en la medida que escribe preferencia de lo pactado entre empresas y trabajadores, eso no es convenio colectivo, que debe suscribirse con los representantes de los trabajadores y no con los trabajadores a título individual (¿alguien cree que un trabajador pueda negociar algo a título individual ante la empresa?). En todo caso más allá de explicitar su voluntad de primar en cuanto a salarios y condiciones laborales lo pactado en convenio de empresa se ha explicitado la primacía en su conjunto de los convenios de empresa sobre los de sector. También ha manifestado su opción, según el diario económico Expansión por tres actuaciones concretas: 1ª. Que los incrementos retributivos sean en relación al incremento de la productividad, sin que en ningún caso nunca expliciten si es la productividad individual de cada trabajador o trabajadora, la promedia de los mismos o la de la empresa. 2ª. Primar convenios de empresa respecto a los del sector. 3ª Facilitar el descuelgue de los convenios colectivos.
A medio camino entre la modificación de condiciones y la negociación colectiva se planteó también una posibilidad de descuelgue sobre las materias referidas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores contenidas en un convenio colectivo sectorial mediante “acuerdo entre la representación empresarial y la parte trabajadora legitimada para negociar un convenio”. Así se pretender poder modificar mediante un simple acuerdo con representación unitaria las condiciones establecidas en convenio de sector referidas a jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, régimen salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones, añadiéndose por el PP las mejoras voluntarias de Seguridad Social. En todo caso hemos de recordar que la legislación vigente ya me permite algo bastante similar.
Continúan igualmente obsesivos con una centralización de los convenios desde el punto de vista territorial (ahora llaman unidad de mercado a lo que siempre llamaron unidad de la patria), a la vez que también optan por profundizar en el convenio de empresa.
Desregulación de las condiciones de trabajo
En cuanto al aumento de la “flexibilidad interna”, algo que ya se anuncia genéricamente en el programa electoral, en el terreno de lo concreto el PP enmendó en trámite parlamentario los ERO’s de suspensión para que los que no tengan carácter colectivo puedan derivarse de una actuación unilateral de las empresas viéndose obligados los afectados a recurrir judicialmente, en definitiva sin la necesaria autorización de la Autoridad Laboral.
Uno de los planteamientos de los conservadores españoles que menos se han valorado ha sido su voluntad de modificar la regulación de la modificación de las condiciones de trabajo para que en la negociación colectiva puedan establecer nuevas causas. Ello podría suponer de facto una desregularización total de las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, si bien debemos manifestar nuestras dudas sobre la legalidad de la medida.
Se pretende reformar el criterio del grupo profesional y prescindir del de categoría, se ampliaría así la posibilidad de modificación de las funciones sin que tuviesen la consideración de modificación sustancial, al no considerar sustanciales todas las que fuesen entre grupo profesional.
Se planteó igual ampliar el periodo de prueba hasta 4 meses en las empresas de menos de 50 trabajadores para quienes no fueran técnicos titulados.
Empresas de Trabajo Temporal
A la ya anticipada opción para que las Empresas de Trabajo Temporal operen como empresas de colocación se deben sumar una voluntad de transformar a las mismas como una empresa más: que el régimen de la extinción de contrato sea el del Estatuto de los Trabajadores y que no exista limitación alguna en su actuación (sectores especialmente protegidos, Administraciones Públicas, etc).
A su vez se insinúa una asunción por parte de las ETT’s de esa cadena que va desde la gestión de la prestación de desempleo, la formación hasta la selección de personal.
Derecho de Huelga
No sólo se ha planteado abiertamente la creación de un catálogo genérico de servicios mínimos, algo tan contrario al propio Derecho a Huelga como seguramente ilícito, sino la prohibición expresa del ejercicio del Derecho para solicitar la mejora de un convenio colectivo en ultraactividad (“vigencia prorrogada”). De hecho se ha llegado a explicar la solicitud como la prohibición de huelga con objeto alterar lo pactado en convenio colectivo, algo que ya existe en la legislación vigente.
Reducción salarial en la Administración y contención salarial en la empresa privada
No forma parte de enmienda alguna, ni tan siquiera se ha anunciado públicamente por el Partido Popular pero la reducción de las retribuciones y otras condiciones de la Administración y empresas públicas.
De la misma manera respecto a las retribuciones de las empresas privadas vienen trasladando que sean en relación al incremento de la productividad, algo que nunca explican como se ejecutaría realmente.
Procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, fondos de formación y control de Incapacidad Temporal
Se ha hecho público que ya existe proceso de negociación entre las direcciones de los sindicatos mayoritarios y patronal, así como las materias sobre las que se dice existe acuerdo: procedimientos extrajudiciales de conflictos, fondos de formación y control de la Incapacidad Temporal.
En todo caso si bien no se ha concretado los términos de modificación de las señaladas materias pareciese que estarían en las líneas de ampliar los supuestos de arbitraje y mediación, crear algún nuevo supuesto de formación e incrementar la fiscalización sobre las situaciones de Incapacidad Temporal.
UNA NUEVA CONTRARREFORMA LABORAL CON O SIN EL ACUERDO DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS PARA EL INICIO DEL AÑO
Más allá de la existencia de un programa acabado y exacto de las propuestas del nuevo Gobierno, una de las cuestiones sobre las que más claridad existe es o que bien se plasma acuerdo entre sindicatos mayoritarios y patronales o Rajoy nos regalará uno de sus primeros Real Decreto durante las primeras semanas del año 2012.
El contenido en todo caso será una profundización de las políticas que en materia laboral desarrolló la anterior legislatura con Gobierno del PSOE (Ley 33/2010, RD 7/2011, RD 10/2011, RD 1543/2011): reducir el numero modalidades contractuales temporales pero desarrollar los supuestos de temporalidad más precaria; facilitar el despido objetivo por causa económica y por ausencias justificadas; generalizar la indemnización por despido improcedente a 33 días por año y tope 24 mensualidades así como poner en marcha el sistema de capitalización de la indemnización; privatización de la gestión de la prestación de desempleo; primacía absoluta de los convenios de empresa sobre los convenio del sector y descuelgue sobre los mismos; contención en los salarios y reducción de las retribuciones en Administración y empresas públicas, aumento de la “flexibilidad interna”; extensión de las ETT’s ; limitación del Derecho de Huelga; nueva gestión de la Incapacidad Temporal.
Si bien la totalidad de las medidas son un desarrollo de lo ya iniciado en la última etapa del Gobierno de Zapatero, suponen una vuelta más en la degradación de las relaciones laborales y un salto cualitativo en una nueva realidad de relaciones laborales. Pasamos a encontrarnos que la totalidad de novedades que se proponen si se hacen realidad suponen el andamiaje sobre el cual pasaremos de la existencia de una generación precaria a una sociedad precaria. Tan sólo excepcionales colectivos profesionales podrán escapar de una realidad que por la propia dinámica legislativa y la práctica sindical mayoritaria se consolidará en los próximos años. En todo caso el proceso debiera ser al revés, que una realidad sindical combativa fuese capaz de invertir la realidad normativa, ya no se trate de resistir, para eso llegamos tarde, ahora se trata de recuperar.
El Partido Popular anunció en su programa electoral algunas medidas sobre las relaciones laborales, si bien optó por no explicitar el contenido exacto de las mismas a la vez que ocultaba conscientemente la mayoría de planteamientos que viene manteniendo sobre el Derecho del Trabajo.
El contenido en materia laboral de la derecha española se explicita en su programa electoral en el apartado “Estabilidad y reformas para el empleo” y dentro del mismo en el apartado 1.4. denominado “Empleo seguro y flexible para todos”.
La introducción del indicado apartado autodenominado “Diagnóstico” puede resumirse en el siguiente literal: “Un mercado de trabajo rígido, excesivamente regulado y segmentado ha hecho que el principal mecanismo de ajuste de las empresas ante la crisis económica haya sido el despido de los trabajadores más jóvenes, con contratos temporales o con menor antigüedad, cuando no el cierre”. Describir las relaciones laborales como rígidas supone por si mismo un menosprecio de la verdad, excepto la transformación del contrato de tiempo parcial a tiempo completo y viceversa las restantes notas del contrato pueden ser modificadas. Indicar que los cierres y despidos tienen como principal causa la supuesta rigidez es simplemente pornográfico. ¿Dónde sitúa el PP esa supuesta rigidez? ¿Nada tuvo que ver la crisis orgánica que atraviesa el capitalismo con la destrucción de empleo? ¿Por qué no evitaron aquellos Estados con mayores niveles de desregulación de Derechos Laborales la destrucción de empleo? ¿Por qué otros con un Derecho Laboral más garantista vieron una disminución del empleo inferior? De hecho uno de los motivos por el cual se ha desplomado el empleo fue exactamente el contrario al que señalan los conservadores, las extinción de contractos temporales, que es la forma más precaria (flexible dirían ellos) de contratación. A su vez la importancia del turismo y la construcción en la economía fue el otro elemento determinante en la destrucción de empleo.
Antes de enumerar las medidas anuncia también el PP sus objetivos que dicen ser empleo seguro y flexible, ese gran oxímoron que se cosifica como la teoría de la flexiseguridad. No nos cansaremos de decir que el empleo si es seguro no es flexible, la flexibilidad es la negación de la seguridad.
En cuanto a su descripción de hasta 10 medidas se inicia con una primera genérica sobre las meterías que deben ser objeto de reforma (aunque podemos observar de las medidas que es una auténtica contrarreforma): “contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación”.
La segunda de las medias se describe como una simplificación de la contratación temporal, lo cual no supone en ningún caso una actuación limitativa de la temporalidad sino una minoración de la burocracia para los empresarios, es curioso que indiquen que la medida tendrá como efecto “dar expectativas”. A su vez no augura limitación de la temporalidad la continua evocación de la flexibilidad.
La tercera de las medidas que propone el PP es la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo y que favorezca la movilidad y la formación continua. Este era el punto por el cual Rubalcaba sugería durante la campaña electoral que el partido de Rajoy modificaría la prestación de desempleo, a su vez que fue origen que este último confundiese el “sistema austriaco” con la propuesta de su partido. La significación de la propuesta conservadora supone no sólo una regulación diferenciada de la prestación de desempleo sino que también insinúa que la misma modificase el responsable de la misma del Estado al trabajador y trabajadora.
La cuarta de las medidas tiene como significación la primacía en todos los supuestos los pactos entre trabajadores y empresas, ha de entenderse que en relación a lo regulado en convenios colectivos sectoriales. En todo caso lo más preocupante de esta propuesta es que no hace referencia a lo pactado con los representantes de los trabajadores sino con los “trabajadores”, lo que supone la negación de la negociación colectiva y la sustitución por el pacto individual, algo que debiera ser contrario al artículo 37 de la Constitución Española que consagra como derecho la negociación colectiva laboral entre empresas y representantes de los trabajadores. Es posiblemente esta la sibilina fórmula para plantear la negación de la negociación colectiva en el ámbito de las PYMES.
La quinta de las medidas es la intensificación de la expresada como flexibilidad interna en las condiciones de trabajo, lo que tan sólo puede significar no ya una existente posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, sino cambios sin causas, sin procedimientos, sin plazos. En definitiva una apuesta clara por la desregulación absoluta e ilimitada de los elementos de la relación laboral, lo que significa la inseguridad absoluta para trabajadores y trabajadoras en relación a lo que puede ser su jornada, horario, funciones, retribuciones, etc.
La sexta medida es sobre la cotización de los autónomos. Incorporando la séptima una solicitud de, todavía más, desregularización respecto a las relaciones laborales con autónomos y microempresas. No podemos llegar a saber si se refiere a contratación, condiciones de trabajo, extinción contractual o la totalidad de las mismas.
La octava medida es sobre la formación permanente, sin que se plantee que la misma pudiese ser en jornada de trabajo. En todo caso deberemos recordar que no existe déficit de formación en los trabajadores y trabajadoras.
La novena medida es lo que denominan “una eficaz colaboración público-privada en los servicios globales de empleo, permitiendo la gestión integral de los servicios de intermediación, selección de personal, puesta a disposición de trabajadores, recolocación y formación tanto a trabajadores como a empresas”. En definitiva una apuesta por la privatización absoluta de la gestión de la prestación de desempleo, la formación y el empleo. A su vez se insinúa una asunción por parte de las ETT’s de esa cadena que va desde la gestión de la prestación de desempleo, la formación y la selección de personal.
La décima medida sorprende por pretender en su primera parte ser una apuesta por mecanismos antidiscriminatorios. Si bien no se concreta de manera alguna, resulta paradójico que el partido con representación parlamentaria que más ha explotado las diferencias por razón de sexo, religión, opinión, circunstancias personales o sociales pudiese solicitar ahora medidas antidiscriminatorias. En este mismo apartado requiere controles sobre un pretendido absentismo laboral injustificado, ello es simplemente un absurdo cuando la legislación laboral vigente tipifica con el despido esas prácticas, seguramente lo que se plantea por los trabajadores es un actuación inquisitoria sobre las situaciones de Incapacidad Temporal, nunca por sus causas siempre a por sus víctimas. A la par de la CEOE, lo que está haciendo el PP es caracterizar como absentismo las situaciones de Incapacidad Temporal, insinuando a su vez que existe fraude en estas situaciones.
La medida décimoprimera supone en todo caso una propuesta sin concretar por la conciliación de la vida laboral y familiar, de la misma manera se habla del teletrabajo.
La última de las propuestas es sobre la bonificación de las contrataciones que puedan hacer los trabajadores autónomos.
En todo caso existe una diferencia clara entre lo que ha recogido como contenido de sus propuestas en materia de relaciones laborales en su programa electoral y lo que realmente ha defendido tanto el proceso legislativos como en discusiones políticas previas.
LAS PROPUESTAS LABORALES DEL PARTIDO POPULAR QUE NO HA EXPLICITADO EN SU PROGRAMA ELECTORAL PERO QUE HA MANIFESTADO PÚBLICAMENTE, LAS QUE OCULTA
El PP ha repetido en diferentes momentos de la campaña electoral que si gobierna basará la reforma en las 71 enmiendas que el Grupo Popular presentó en el Congreso a la tramitación de la Ley 35/2010. Así debemos acercarnos tanto a su actuación parlamentaria como a sus propuestas públicas para trazar perspectiva sobre la próxima modificación de la normativa laboral.
Contratación temporal: menos modalidades contractuales pero más precariedad
Por lo que respecta a esa pretendida reducción de los contratos temporales no ha tenido expresión alguna, si bien sí ha habido una concreción clara para extender la temporalidad más precaria, así la Proposición no de Ley sobre un Plan de Empleo para los jóvenes de ahora hace un año es una manifestación clara e inequívoca: que el contrato de formación pueda ejecutarse nuevamente en una misma empresa siempre que el puesto de trabajo sea distinto, así como que las ETT’s puedan formalizar esta modalidad contractual. Recordemos que el Grupo Socialista en el Congreso reproduciendo parcialmente los argumentos del PP procedió a aumentar la edad límite de este contrato hasta los 30 años y estableció las retribuciones posibles para esta modalidad en 421 € (el 75% del SMI). Por último incluso disminuía los requisitos de necesaria formación de este contrato. De la misma manera expresamente para los jóvenes vienen insistiendo en prácticas no laborales, es decir, mano de obra sin derechos y sin retribuciones (aunque realizando una lectura del RD 1543/2011 pareciese que el Gobierno del PSOE ya se les adelantó). Así ninguna medida ha planteado realmente el PP para limitar la temporalidad y sí distintas para incentivarla e incluso precarizarla.
Por el contrario en el proceso legislativo derivado de la Ley 35/2010 si que enmendó el contrato de obra y servicio cuyo contenido supondría el ampliar la duración máxima del contrato hasta los 4 años ampliable hasta los 5 años mediante convenio colectivo.
Se ha anunciado también que optan los conservadores por un contrato de prácticas en el cual su finalidad sea la obtención de experiencia, sin que la negociación colectiva pueda identificar determinados puestos de trabajo, funciones o categorías.
Indemnización por despido: extensión de 33 días por año con tope 24 mensualidades y autopago a través del fondo de capitalización
En cuanto a la indemnización por despido improcedente (injustificado, sin causa) el Partido Popular se ha deslizado por diferentes propuestas, reproduciendo las discusiones que en materia económica se dan entre “liberales” y ultras conservadores. Así estos últimos han exigido hasta la saciedad contrato único con indemnización de 20 días por año y extinción no causal. Por otro lado los sectores “liberales” han explicado al PP sobre la posible ilegalidad del contrato único con despido acausal y vienen ofreciendo como alternativa el acabar generalizando la indemnización a 33 en el improcedente y 20 o 12 días por año el objetivo procedente.
A su vez, si bien no son partidarios que todos los despidos lleven aparejada la aportación de 8 días por año del FOGASA sí que optarán por esta vía para todos los contratos indefinidos y despidos procedentes derivados de extinción colectiva u objetiva, con independencia de la situación de la empresa o realidad de la misma.
Causa miedo el intentar entender el significado del programa del PP que habla expresamente de un modelo a medio camino entre el “austriaco” y el autopago de la indemnización por parte del trabajador y la trabajadora. Así en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la tramitación de la Ley 35/2010 se apuesta por un modelo que sin aumentar las cotizaciones empresariales suponga un fondo de capitalización constituido a lo largo de su vida en relación a días por año de servicio y que será objeto de recuperación en los supuestos de despido. Así se constituye una realidad indemnizatoria por la que cada trabajador o trabajadora se paga la suya durante la vida laboral, transformando que el despido sea de un coste variable para las empresas, a un no coste o coste fijo y constituido en el tiempo. Huelga decir que ello generará una visión para los empresarios que el despido no tiene coste alguno.
Despido objetivo y colectivo: facilitar más la causa económica y la extinción por ausencias justificadas
Más allá de la discusión sobre el coste del despido improcedente tiene tanto o más importancia el elemento causal del despido objetivo y los Expedientes de Regulación de Empleo. En las enmiendas a la Ley 35/2010 expresaban: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa o de la evolución de su nivel de actividad se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa acreditará los resultados o la evolución del nivel de actividad que sirven de base a la decisión extintiva”. Se percibe así una voluntad de facilitar, todavía más, la causa económica.
En un sentido similar el criterio finalístico para las causas técnicas, organizativas y productivas, facilitará todavía más las extinciones de contrato: “justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para ajustar el volumen de empleo de la empresa a la situación derivada de la causa acreditada”.
De la misma manera para el despido objetivo por faltas justificadas han planteado en repetidas ocasiones la eliminación de las ausencias colectivas, para que fuese tan sólo un determinado porcentaje de ausencias individuales justificadas causa de despido.
Bonificación de la contratación: inclusión de bonus malus
La primera de las medidas que el PP se ha encargado de anunciar ha sido la bonificación de cualquier contrato, con lo cual incluso la contratación temporal y precaria recibirían dinero de las arcas del Estado o estarían exentas de cotizaciones.
Se han pretendido justificar las bonificaciones por el alto nivel del desempleo juvenil, femenino y de mayores de 52 años, si bien al final se bonifica prácticamente toda la contratación, con lo cual no existirá ni tan siquiera un efecto de estimular unos determinados contratos.
Con especial entusiasmo se plantean las bonificaciones a autónomos, reforzándolos así como empresarios, a su vez que el desarrollo legislativo del autónomo dependiente sitúa a los mismos al puro arbitrio de la existencia de derechos.
Prestación de desempleo y agencias de colocación: transformación de la prestación de desempleo y profundización en su gestión
En un sentido similar se anuncia por los conservadores españoles posibilidades diferenciadas para la prestación de desempleo la "capitalización individualizada" lo que supone no sólo romper con el histórico sistema de solidaridad y unidad de caja así como aportación del Estado, pasando a un sistema privado donde cada trabajador y trabajadora se deberán asegurar su situación de desempleo. De la misma manera en los últimos 3 años distintos dirigente del PP han manifestado a título personal su voluntad de rebajar la prestación de desempleo y presionar para la pérdida de la misma ante determinados incumplimientos formales.
Los trámites legislativos también pusieron de manifiesto la opción por que las Empresas de Trabajo Temporal operen como empresas de colocación siempre que obtengan autorización del Servicio Público de Empleo Estatal para ello.
Negociación colectiva: reforzamiento del convenio de empresa y del descuelgue respecto al convenio de sector
Otra de las medidas que el PP no ha querido explicitar pero se puede incluso extraer de su programa es la eliminación de la negociación colectiva de las PYMES, en la medida que escribe preferencia de lo pactado entre empresas y trabajadores, eso no es convenio colectivo, que debe suscribirse con los representantes de los trabajadores y no con los trabajadores a título individual (¿alguien cree que un trabajador pueda negociar algo a título individual ante la empresa?). En todo caso más allá de explicitar su voluntad de primar en cuanto a salarios y condiciones laborales lo pactado en convenio de empresa se ha explicitado la primacía en su conjunto de los convenios de empresa sobre los de sector. También ha manifestado su opción, según el diario económico Expansión por tres actuaciones concretas: 1ª. Que los incrementos retributivos sean en relación al incremento de la productividad, sin que en ningún caso nunca expliciten si es la productividad individual de cada trabajador o trabajadora, la promedia de los mismos o la de la empresa. 2ª. Primar convenios de empresa respecto a los del sector. 3ª Facilitar el descuelgue de los convenios colectivos.
A medio camino entre la modificación de condiciones y la negociación colectiva se planteó también una posibilidad de descuelgue sobre las materias referidas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores contenidas en un convenio colectivo sectorial mediante “acuerdo entre la representación empresarial y la parte trabajadora legitimada para negociar un convenio”. Así se pretender poder modificar mediante un simple acuerdo con representación unitaria las condiciones establecidas en convenio de sector referidas a jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, régimen salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones, añadiéndose por el PP las mejoras voluntarias de Seguridad Social. En todo caso hemos de recordar que la legislación vigente ya me permite algo bastante similar.
Continúan igualmente obsesivos con una centralización de los convenios desde el punto de vista territorial (ahora llaman unidad de mercado a lo que siempre llamaron unidad de la patria), a la vez que también optan por profundizar en el convenio de empresa.
Desregulación de las condiciones de trabajo
En cuanto al aumento de la “flexibilidad interna”, algo que ya se anuncia genéricamente en el programa electoral, en el terreno de lo concreto el PP enmendó en trámite parlamentario los ERO’s de suspensión para que los que no tengan carácter colectivo puedan derivarse de una actuación unilateral de las empresas viéndose obligados los afectados a recurrir judicialmente, en definitiva sin la necesaria autorización de la Autoridad Laboral.
Uno de los planteamientos de los conservadores españoles que menos se han valorado ha sido su voluntad de modificar la regulación de la modificación de las condiciones de trabajo para que en la negociación colectiva puedan establecer nuevas causas. Ello podría suponer de facto una desregularización total de las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, si bien debemos manifestar nuestras dudas sobre la legalidad de la medida.
Se pretende reformar el criterio del grupo profesional y prescindir del de categoría, se ampliaría así la posibilidad de modificación de las funciones sin que tuviesen la consideración de modificación sustancial, al no considerar sustanciales todas las que fuesen entre grupo profesional.
Se planteó igual ampliar el periodo de prueba hasta 4 meses en las empresas de menos de 50 trabajadores para quienes no fueran técnicos titulados.
Empresas de Trabajo Temporal
A la ya anticipada opción para que las Empresas de Trabajo Temporal operen como empresas de colocación se deben sumar una voluntad de transformar a las mismas como una empresa más: que el régimen de la extinción de contrato sea el del Estatuto de los Trabajadores y que no exista limitación alguna en su actuación (sectores especialmente protegidos, Administraciones Públicas, etc).
A su vez se insinúa una asunción por parte de las ETT’s de esa cadena que va desde la gestión de la prestación de desempleo, la formación hasta la selección de personal.
Derecho de Huelga
No sólo se ha planteado abiertamente la creación de un catálogo genérico de servicios mínimos, algo tan contrario al propio Derecho a Huelga como seguramente ilícito, sino la prohibición expresa del ejercicio del Derecho para solicitar la mejora de un convenio colectivo en ultraactividad (“vigencia prorrogada”). De hecho se ha llegado a explicar la solicitud como la prohibición de huelga con objeto alterar lo pactado en convenio colectivo, algo que ya existe en la legislación vigente.
Reducción salarial en la Administración y contención salarial en la empresa privada
No forma parte de enmienda alguna, ni tan siquiera se ha anunciado públicamente por el Partido Popular pero la reducción de las retribuciones y otras condiciones de la Administración y empresas públicas.
De la misma manera respecto a las retribuciones de las empresas privadas vienen trasladando que sean en relación al incremento de la productividad, algo que nunca explican como se ejecutaría realmente.
Procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, fondos de formación y control de Incapacidad Temporal
Se ha hecho público que ya existe proceso de negociación entre las direcciones de los sindicatos mayoritarios y patronal, así como las materias sobre las que se dice existe acuerdo: procedimientos extrajudiciales de conflictos, fondos de formación y control de la Incapacidad Temporal.
En todo caso si bien no se ha concretado los términos de modificación de las señaladas materias pareciese que estarían en las líneas de ampliar los supuestos de arbitraje y mediación, crear algún nuevo supuesto de formación e incrementar la fiscalización sobre las situaciones de Incapacidad Temporal.
UNA NUEVA CONTRARREFORMA LABORAL CON O SIN EL ACUERDO DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS PARA EL INICIO DEL AÑO
Más allá de la existencia de un programa acabado y exacto de las propuestas del nuevo Gobierno, una de las cuestiones sobre las que más claridad existe es o que bien se plasma acuerdo entre sindicatos mayoritarios y patronales o Rajoy nos regalará uno de sus primeros Real Decreto durante las primeras semanas del año 2012.
El contenido en todo caso será una profundización de las políticas que en materia laboral desarrolló la anterior legislatura con Gobierno del PSOE (Ley 33/2010, RD 7/2011, RD 10/2011, RD 1543/2011): reducir el numero modalidades contractuales temporales pero desarrollar los supuestos de temporalidad más precaria; facilitar el despido objetivo por causa económica y por ausencias justificadas; generalizar la indemnización por despido improcedente a 33 días por año y tope 24 mensualidades así como poner en marcha el sistema de capitalización de la indemnización; privatización de la gestión de la prestación de desempleo; primacía absoluta de los convenios de empresa sobre los convenio del sector y descuelgue sobre los mismos; contención en los salarios y reducción de las retribuciones en Administración y empresas públicas, aumento de la “flexibilidad interna”; extensión de las ETT’s ; limitación del Derecho de Huelga; nueva gestión de la Incapacidad Temporal.
Si bien la totalidad de las medidas son un desarrollo de lo ya iniciado en la última etapa del Gobierno de Zapatero, suponen una vuelta más en la degradación de las relaciones laborales y un salto cualitativo en una nueva realidad de relaciones laborales. Pasamos a encontrarnos que la totalidad de novedades que se proponen si se hacen realidad suponen el andamiaje sobre el cual pasaremos de la existencia de una generación precaria a una sociedad precaria. Tan sólo excepcionales colectivos profesionales podrán escapar de una realidad que por la propia dinámica legislativa y la práctica sindical mayoritaria se consolidará en los próximos años. En todo caso el proceso debiera ser al revés, que una realidad sindical combativa fuese capaz de invertir la realidad normativa, ya no se trate de resistir, para eso llegamos tarde, ahora se trata de recuperar.
6 dic 2011
Rajoy planea instaurar contratos para jóvenes por debajo del salario mínimo
[Ramón Gorriarán, Kaos en la Red]
Entre los cambios en el mercado de trabajo que planea están medidas de "fomento" del empleo juvenil, con contratos remunerados por debajo del salario mínimo, y rebajas en las cotizaciones sociales que pagan las empresas, además de vincular salarios a productividad y la negociación por empresas.
Mariano Rajoy aprovechará su breve turno de palabra en la reunión del Partido Popular Europeo para exponer los ejes de la reforma laboral que impulsará su gobierno. Entre los cambios en el mercado de trabajo que planea están medidas de "fomento" del empleo juvenil, con contratos remunerados por debajo del salario mínimo, y rebajas en las cotizaciones sociales que pagan las empresas. El próximo presidente del Gobierno detalló sus planes en la reunión que mantuvo ayer con su verdadero núcleo duro del partido, el reducido comité de dirección.
El líder del PP repasó con sus colaboradores la intensa agenda europea, reunión con los líderes populares europeos en Marsella mañana y el jueves, y Consejo Europeo el viernes en Bruselas, al que no acudirá en persona porque el representante de España será todavía José Luis Rodríguez Zapatero, quien defenderá las posiciones que habrá consensuado con anterioridad con él. En la ciudad francesa se reunirá a solas con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y también se entrevistará con el secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner. Rajoy tiene previsto asimismo mantener un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El jueves, durante su intervención en el plenario de la reunión del Partido Popular Europeo, el futuro jefe del Ejecutivo hará públicas por primera vez desde que ganó las elecciones algunas de sus ideas para combatir el desempleo. Los interlocutores que ha tenido estos días en su despacho de la sede del PP, entre ellos los líderes de UGT y CC OO y el presidente de la CEOE, ya las conocen, pero todos han mantenido la discreción. Rajoy ha incorporado a su discurso las recomendaciones del expresidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trichet a Zapatero, detalladas en una carta de agosto pasado, que el Gobierno no hizo pública pese a las peticiones en ese sentido del propio Rajoy y otros dirigentes del PP.
Entre ellas figuran el combate al empleo juvenil, que en España bordea el 50%, mediante la instauración de contratos con sueldos por debajo del salario mínimo, que está en los 641,40 euros. Este sistema de 'minijobs' o 'miniempleos' ya se aplica en Alemania desde 2003 y consiste en trabajos pagados a 400 euros netos al mes, el empresario abona el 2% a Hacienda y el 28% a la Seguridad Social, 15% para el fondo de pensiones y 13% al seguro de enfermedad, con lo que el desembolso total para el empleador asciende a 520 euros.
Cuotas sociales
Aquella misiva de Trichet también aconsejaba una reducción de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social, de las más altas de Europa, para reducir los costes laborales. Algo a lo que el Gobierno de Zapatero se negó en redondo, pero que Rajoy está dispuesto a asumir, según afirman fuentes que han conversado con el próximo inquilino de la Moncloa. La segunda fase de esta operación para rebajar los costes laborales consistiría en vincular los salarios a la productividad y no a la inflación, como se ha hecho desde tiempo inmemorial en España. Todo ello dentro de un marco de negociación colectiva por empresas y no por ramas de actividad.
Rajoy tendrá oportunidad de desbrozar estas iniciativas tanto en sus conversaciones bilaterales como en su intervención ante el grupo de líderes reunidos en Marsella, donde además podrá conocer de primera mano las posiciones que llevarán Merkel, Sarkozy y el presidente de la Comisión Europea, Herman Van Rompuy, a la crucial cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del viernes. En Bruselas, el futuro presidente delegará en el presidente en funciones la defensa de la posición de España, que se puede sintetizar en una férrea política de austeridad para cumplir los objetivos de déficit hasta 2013, irrenunciable para Rajoy.
El líder del PP tiene previsto reunirse en algún momento entre hoy y mañana por la mañana con Zapatero para coordinar la estrategia. Ambos coincidirán hoy en el Congreso en los actos conmemorativos de la aprobación de la Constitución y en la posterior comida que ofrecerá José Bono. Ayer, según fuentes de la Moncloa, no se vieron aunque no descartaron que hablaran por teléfono como lo han hecho en las últimas semanas.
Entre los cambios en el mercado de trabajo que planea están medidas de "fomento" del empleo juvenil, con contratos remunerados por debajo del salario mínimo, y rebajas en las cotizaciones sociales que pagan las empresas, además de vincular salarios a productividad y la negociación por empresas.
Mariano Rajoy aprovechará su breve turno de palabra en la reunión del Partido Popular Europeo para exponer los ejes de la reforma laboral que impulsará su gobierno. Entre los cambios en el mercado de trabajo que planea están medidas de "fomento" del empleo juvenil, con contratos remunerados por debajo del salario mínimo, y rebajas en las cotizaciones sociales que pagan las empresas. El próximo presidente del Gobierno detalló sus planes en la reunión que mantuvo ayer con su verdadero núcleo duro del partido, el reducido comité de dirección.
El líder del PP repasó con sus colaboradores la intensa agenda europea, reunión con los líderes populares europeos en Marsella mañana y el jueves, y Consejo Europeo el viernes en Bruselas, al que no acudirá en persona porque el representante de España será todavía José Luis Rodríguez Zapatero, quien defenderá las posiciones que habrá consensuado con anterioridad con él. En la ciudad francesa se reunirá a solas con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y también se entrevistará con el secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner. Rajoy tiene previsto asimismo mantener un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El jueves, durante su intervención en el plenario de la reunión del Partido Popular Europeo, el futuro jefe del Ejecutivo hará públicas por primera vez desde que ganó las elecciones algunas de sus ideas para combatir el desempleo. Los interlocutores que ha tenido estos días en su despacho de la sede del PP, entre ellos los líderes de UGT y CC OO y el presidente de la CEOE, ya las conocen, pero todos han mantenido la discreción. Rajoy ha incorporado a su discurso las recomendaciones del expresidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trichet a Zapatero, detalladas en una carta de agosto pasado, que el Gobierno no hizo pública pese a las peticiones en ese sentido del propio Rajoy y otros dirigentes del PP.
Entre ellas figuran el combate al empleo juvenil, que en España bordea el 50%, mediante la instauración de contratos con sueldos por debajo del salario mínimo, que está en los 641,40 euros. Este sistema de 'minijobs' o 'miniempleos' ya se aplica en Alemania desde 2003 y consiste en trabajos pagados a 400 euros netos al mes, el empresario abona el 2% a Hacienda y el 28% a la Seguridad Social, 15% para el fondo de pensiones y 13% al seguro de enfermedad, con lo que el desembolso total para el empleador asciende a 520 euros.
Cuotas sociales
Aquella misiva de Trichet también aconsejaba una reducción de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social, de las más altas de Europa, para reducir los costes laborales. Algo a lo que el Gobierno de Zapatero se negó en redondo, pero que Rajoy está dispuesto a asumir, según afirman fuentes que han conversado con el próximo inquilino de la Moncloa. La segunda fase de esta operación para rebajar los costes laborales consistiría en vincular los salarios a la productividad y no a la inflación, como se ha hecho desde tiempo inmemorial en España. Todo ello dentro de un marco de negociación colectiva por empresas y no por ramas de actividad.
Rajoy tendrá oportunidad de desbrozar estas iniciativas tanto en sus conversaciones bilaterales como en su intervención ante el grupo de líderes reunidos en Marsella, donde además podrá conocer de primera mano las posiciones que llevarán Merkel, Sarkozy y el presidente de la Comisión Europea, Herman Van Rompuy, a la crucial cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del viernes. En Bruselas, el futuro presidente delegará en el presidente en funciones la defensa de la posición de España, que se puede sintetizar en una férrea política de austeridad para cumplir los objetivos de déficit hasta 2013, irrenunciable para Rajoy.
El líder del PP tiene previsto reunirse en algún momento entre hoy y mañana por la mañana con Zapatero para coordinar la estrategia. Ambos coincidirán hoy en el Congreso en los actos conmemorativos de la aprobación de la Constitución y en la posterior comida que ofrecerá José Bono. Ayer, según fuentes de la Moncloa, no se vieron aunque no descartaron que hablaran por teléfono como lo han hecho en las últimas semanas.
Despidos y cambios de contrato de trabajadores subcontratados de la UMH
Noticias relacionadas con la situación de los trabajadores de limpieza y conserjería de la Universidad Miguel Hernández despues de que la ATHG pegara los carteles del post anterior en varios puntos de la Universidad:
[Diario La Verdad]
[Sindicato de Estudiantes de la UMH]
[Diario La Verdad]
Trabajadores externos de la UMH denuncian despidos
Trabajadores de los servicios de limpieza, conserjería y seguridad de la Universidad Miguel Hernández (UMH) han denunciado que su empresa, Eulen, ha despedido a parte de la plantilla y modificado los contratos de otros empleados, pasando personal fijo a fijo-discontinuo.
Los afectados, cerca de un centenar, se quejan de que la entidad ha rechazado negociar con los trabajadores y aseveran que ha habido coacciones y «chantajes» para que aceptasen las nuevas condiciones laborales. Según su versión, quienes no firmaron los contratos tienen ya la carta de despido. Afirman que la empresa alega reducciones en los ingresos por parte de la UMH.
Desde CC OO incidieron ayer en que Eulen ha planteado un «salvaje recorte» en el personal de limpieza, auxiliares y vigilancia. Denunciaron que hasta el momento ha efectuado 11 despidos de personal de limpieza de un plantilla de 14 en el campus de Orihuela y otros tantos en el resto de campus. El sindicato ha solicitado información de las reducciones aplicadas por la UMH a los servicios que tiene externalizados. Se da la circunstancia de que la universidad nombró doctor honoris causa al fundador del grupo Eulen.
[Sindicato de Estudiantes de la UMH]
No más despidos en la UMH
Los y las trabajadoras de Conserjería y Limpieza de la UMH se han visto obligados por la empresa EULEN a optar entre la renuncia ‘voluntaria’ de sus actuales contratos laborales, o por el despido con indemnizaciones de 20 días por año trabajado.
El director de la empresa EULEN, David Álvarez Díez, fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Miguel Hernández.
Desde el Sindicato de Estudiantes Miguel Hernández nos posicionamos en contra del despido de los trabajadores y trabajadoras de limpieza y conserjería de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Los recortes continúan, y cada vez con más fuerza, de mano de los de siempre.
¡APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA DE LA UMH!
¡BASTA DE RECORTES, BASTA DE COACCIONES!
18 nov 2011
Galicia bloquea a los parados de más de un año la tarjeta sanitaria
[Público]
El Gobierno de Feijóo desactiva el documento sin previo aviso. Los afectados tienen que solicitar una nueva, cuyos trámites pueden tardar ocho meses.
Los desempleados residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en paro se quedan de forma automática sin tarjeta sanitaria. La voz de alarma la dio el sindicato CIG, que denunció la política de "recorte y privatización" de la sanidad pública de la Xunta (PP) al dejar desatendidos a "desempleados y personas sin recursos". "Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciben la que les acredita como personas sin recurso, no tienen acceso a la sanidad pública. Mientras tanto deben pagar la consulta y el tratamiento farmacológico que les prescriba el médico", alertó María Seijo, responsable sindical de Sanidad.
Mercedes Amaral, de 28 años y sin trabajo desde hace cinco, conoce de primera mano el vértigo que produce escuchar que carece de asistencia médica gratuita. Hace meses que se encuentra en tratamiento psicológico por depresión y la semana pasada, al acudir a su centro de salud habitual en A Coruña, le advirtieron de que su tarjeta estaba inactiva. "Me dijeron que esa vez me atenderían por urgencias, pero que en lo sucesivo, tendría que pagar cada consulta, a razón de 67 euros y pico", denuncia.
La situación de "desamparo" en la que se encuentra Mercedes tiene su origen en la orden de la Xunta de 5 de septiembre, en vigor desde el 29 de ese mismo mes, por la que "se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de las que se encuentran en situación de desempleo".
Hasta esa fecha, desempleados y ciudadanos sin recursos, que no cotizaban a la Seguridad Social, se beneficiaban de la prestación sanitaria, pero administrativamente recibían un tratamiento diferente. Con la modificación normativa introducida por los conservadores gallegos, ambos colectivos se convierten ipso facto en un "Código 29", que identifica, a efectos prácticos, a las "personas sin recursos", a no ser que el desempleado pueda justificar su dependencia económica de un titular de la Seguridad Social, de quien pasaría a constar como beneficiario.
La realidad es que, en la práctica, según las cifras que maneja el sindicato nacionalista denunciante, en Galicia "más de 65.000 personas" podrían verse afectadas, sin que los perjudicados lo sepan porque la Xunta no ha notificado el cambio normativo.
"Todo se ha llevado a cabo con nocturnidad y alevosía; se trata de un comportamiento ruin y miserable por parte del Gobierno de Feijóo, que deja durante meses a miles de personas sin un derecho básico", reprocha Seijo. Concretamente el tiempo que estos parados puedan quedarse sin tarjeta oscila entre "ocho y diez meses", que es lo que tarda la expedición del nuevo documento acreditativo para los sin recursos, según le explicaron a Mercedes en su centro de salud. "¿Por qué nadie me avisó con tiempo para solicitarla antes?", se pregunta angustiada.
La Xunta de Galicia por toda explicación remite un comunicado datado el 17 de noviembre y según el cual, "casi mil personas" han solicitado desde el pasado septiembre "acogerse al código 29, dirigido para trabajadores discontinuos". Según la nota, con los cambios normativos introducidos, "Galicia se convierte en la primera comunidad en adaptar sus trámites a la situación socioeconómica actual", ya que con ello "se les facilita a los desempleados el derecho de forma continuada a la asistencia sanitaria pública sin tener que tramitar el reconocimiento cada vez que comienzan a trabajar".
Intermitencias
Para el Ejecutivo gallego, "la crisis económica y el aumento del número de desempleados ha llevado a muchos trabajadores, con entradas intermitentes en el mercado laboral, a tener que estar tramitando constantemente el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, bien como trabajador mientras percibe el subsidio o como persona sin recursos o beneficiario ante el Instituto Nacional de Seguridad Social", prosigue.
El objetivo último que pretende el Ejecutivo gallego con su orden es "evitar el uso fraudulento del sistema sanitario". Un razonamiento similar es el que ha dado pie al Ejecutivo conservador para introducir la obligatoriedad de llevar empadronado en Galicia un mínimo de 183 días antes de obtener la tarjeta sanitaria. "Queremos combatir el turismo sanitario", zanjó Alberto Núñez Feijóo ante la advertencia del Ministerio de Sanidad de la inconstitucionalidad de la norma. La misma política destinada a control del gasto ha llevado además a la Xunta gallega a reducir el número de farmacias de guardia en áreas rurales o a cobrar diez euros por emitir la tarjeta sanitaria.
El Gobierno de Feijóo desactiva el documento sin previo aviso. Los afectados tienen que solicitar una nueva, cuyos trámites pueden tardar ocho meses.
Los desempleados residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en paro se quedan de forma automática sin tarjeta sanitaria. La voz de alarma la dio el sindicato CIG, que denunció la política de "recorte y privatización" de la sanidad pública de la Xunta (PP) al dejar desatendidos a "desempleados y personas sin recursos". "Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciben la que les acredita como personas sin recurso, no tienen acceso a la sanidad pública. Mientras tanto deben pagar la consulta y el tratamiento farmacológico que les prescriba el médico", alertó María Seijo, responsable sindical de Sanidad.
Mercedes Amaral, de 28 años y sin trabajo desde hace cinco, conoce de primera mano el vértigo que produce escuchar que carece de asistencia médica gratuita. Hace meses que se encuentra en tratamiento psicológico por depresión y la semana pasada, al acudir a su centro de salud habitual en A Coruña, le advirtieron de que su tarjeta estaba inactiva. "Me dijeron que esa vez me atenderían por urgencias, pero que en lo sucesivo, tendría que pagar cada consulta, a razón de 67 euros y pico", denuncia.
La situación de "desamparo" en la que se encuentra Mercedes tiene su origen en la orden de la Xunta de 5 de septiembre, en vigor desde el 29 de ese mismo mes, por la que "se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de las que se encuentran en situación de desempleo".
Hasta esa fecha, desempleados y ciudadanos sin recursos, que no cotizaban a la Seguridad Social, se beneficiaban de la prestación sanitaria, pero administrativamente recibían un tratamiento diferente. Con la modificación normativa introducida por los conservadores gallegos, ambos colectivos se convierten ipso facto en un "Código 29", que identifica, a efectos prácticos, a las "personas sin recursos", a no ser que el desempleado pueda justificar su dependencia económica de un titular de la Seguridad Social, de quien pasaría a constar como beneficiario.
La realidad es que, en la práctica, según las cifras que maneja el sindicato nacionalista denunciante, en Galicia "más de 65.000 personas" podrían verse afectadas, sin que los perjudicados lo sepan porque la Xunta no ha notificado el cambio normativo.
"Todo se ha llevado a cabo con nocturnidad y alevosía; se trata de un comportamiento ruin y miserable por parte del Gobierno de Feijóo, que deja durante meses a miles de personas sin un derecho básico", reprocha Seijo. Concretamente el tiempo que estos parados puedan quedarse sin tarjeta oscila entre "ocho y diez meses", que es lo que tarda la expedición del nuevo documento acreditativo para los sin recursos, según le explicaron a Mercedes en su centro de salud. "¿Por qué nadie me avisó con tiempo para solicitarla antes?", se pregunta angustiada.
La Xunta de Galicia por toda explicación remite un comunicado datado el 17 de noviembre y según el cual, "casi mil personas" han solicitado desde el pasado septiembre "acogerse al código 29, dirigido para trabajadores discontinuos". Según la nota, con los cambios normativos introducidos, "Galicia se convierte en la primera comunidad en adaptar sus trámites a la situación socioeconómica actual", ya que con ello "se les facilita a los desempleados el derecho de forma continuada a la asistencia sanitaria pública sin tener que tramitar el reconocimiento cada vez que comienzan a trabajar".
Intermitencias
Para el Ejecutivo gallego, "la crisis económica y el aumento del número de desempleados ha llevado a muchos trabajadores, con entradas intermitentes en el mercado laboral, a tener que estar tramitando constantemente el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, bien como trabajador mientras percibe el subsidio o como persona sin recursos o beneficiario ante el Instituto Nacional de Seguridad Social", prosigue.
El objetivo último que pretende el Ejecutivo gallego con su orden es "evitar el uso fraudulento del sistema sanitario". Un razonamiento similar es el que ha dado pie al Ejecutivo conservador para introducir la obligatoriedad de llevar empadronado en Galicia un mínimo de 183 días antes de obtener la tarjeta sanitaria. "Queremos combatir el turismo sanitario", zanjó Alberto Núñez Feijóo ante la advertencia del Ministerio de Sanidad de la inconstitucionalidad de la norma. La misma política destinada a control del gasto ha llevado además a la Xunta gallega a reducir el número de farmacias de guardia en áreas rurales o a cobrar diez euros por emitir la tarjeta sanitaria.
15 nov 2011
Consecuencias sanitarias de la crisis financiera: El caso de Grecia
El CAS Madrid ha traducido un artículo que ha sido publicado en la prestigiosa revista médica “The Lancet” en Octubre de 2011 sobre las consecuencias que está teniendo la actual crisis capitalista en la salud de los griegos. Aqui teneis algunas frases destacadas del artículo, para más información, os dejamos el enlace en el que podreis encontrar el artículo completo:
[CAS Madrid: CONSECUENCIAS SANITARIAS DE LA CRISIS FINANCIERA: EL CASO DE GRECIA]
[CAS Madrid: CONSECUENCIAS SANITARIAS DE LA CRISIS FINANCIERA: EL CASO DE GRECIA]
Grecia ha resultado más afectada por las turbulencias financieras que comenzaron en 2007 que cualquier otro país europeo.
El desempleo en adultos paso del 6,6% en 2008 al 16,6% en 2011…….en 2010 la producción industrial bajo un 8%.
En 2009 hubo un incremento estadísticamente significativo de gente que declaro no haber ido al médico o al dentista pese a necesitarlo.
Hubo recortes en el presupuesto del 40% de los hospitales, falta de personal……..sobornos para adelantar en las listas de espera.
La salud ha empeorado, sobre todo en los grupos de riesgo…..los suicidios aumentaron un 25% entre 2009 y 2010, y un 40% en la primera mitad del 2011 en comparación con el mismo periodo de 2010.
Las tasas de homicidio y robo casi se han duplicado entre 2007 y 2009.
Los casos nuevos de SIDA se calculan en un 52% más…… Existen casos de auto-infección deliberada por parte de algunos individuos para obtener acceso a ayudas de 700 € mensuales y admisión a programas de desintoxicación.
La proporción de griegos atendidos en centros de salud gestionados por ONGs ha pasado del 3% antes de la crisis al 30% actual.
Las empresas ahorran casi 70.000 empleos con las horas extras que no pagan a sus trabajadores
[Kaos en la Red]
Los asalariados españoles realizan un total de 5,2 millones de horas extra a la semana, de las que las empresas sólo pagan cerca de la mitad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, cada semana los trabajadores realizan 2.363.400 horas extraordinarias por las que no son remunerados por sus empresas, lo que supone untotal de 67.526 jornadas laborales completas de 35 horas semanales.
Es decir, las horas extra no pagadas por los empresarios equivalen al trabajo de casi 70.000 ocupados a tiempo completo, según datos del tercer trimestre de 2011.
En el último año un 9,7% más de horas extras.
Además, en el último año la cifra de horas extra no pagadas se ha incrementado casi un 10% (9,7%), mientras que el tiempo adicional que sí es remunerado se ha reducido un 2,7%.
El sector en el que se realizan un mayor número de horas extra sin remuneración es el del comercio y la reparación de vehículos, con 374.700 horas adicionales a la semana. A continuación se sitúa la hostelería (282.000 horas) y las actividades financieras y de seguros (237.800 horas).
Es precisamente el sector financiero y de seguros en el que una mayor parte de las horas extra no son remuneradas (el 91,8%).
También registran un porcentaje muy elevado otros sectores como la educación(86,3%), la información y las comunicaciones (77,6%) o las actividades profesionales, científicas y técnicas (69,8%).
Los asalariados españoles realizan un total de 5,2 millones de horas extra a la semana, de las que las empresas sólo pagan cerca de la mitad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, cada semana los trabajadores realizan 2.363.400 horas extraordinarias por las que no son remunerados por sus empresas, lo que supone untotal de 67.526 jornadas laborales completas de 35 horas semanales.
Es decir, las horas extra no pagadas por los empresarios equivalen al trabajo de casi 70.000 ocupados a tiempo completo, según datos del tercer trimestre de 2011.
En el último año un 9,7% más de horas extras.
Además, en el último año la cifra de horas extra no pagadas se ha incrementado casi un 10% (9,7%), mientras que el tiempo adicional que sí es remunerado se ha reducido un 2,7%.
El sector en el que se realizan un mayor número de horas extra sin remuneración es el del comercio y la reparación de vehículos, con 374.700 horas adicionales a la semana. A continuación se sitúa la hostelería (282.000 horas) y las actividades financieras y de seguros (237.800 horas).
Es precisamente el sector financiero y de seguros en el que una mayor parte de las horas extra no son remuneradas (el 91,8%).
También registran un porcentaje muy elevado otros sectores como la educación(86,3%), la información y las comunicaciones (77,6%) o las actividades profesionales, científicas y técnicas (69,8%).
4 nov 2011
Recogida de firmas CONTRA LOS RECORTES CONTRA LAS PRIVATIZACIONES, EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Desde la Plataforma de Lucha contra los Recortes se va a iniciar una campaña de recogida de firmas CONTRA LOS RECORTES
CONTRA LAS PRIVATIZACIONES, EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS en diversos puntos de Alicante hoy día 4 de Noviembre de 17:30h a 19:00h. El manifiesto lo firman las organizaciones cuyo logo aparece en la imagen y consta de las siguientes reivindicaciones al Gobierno del Estado Español: 1. La inversión de todo el presupuesto público de educación en centros de enseñanza públicos.
3. El mantenimiento y mejora de los centros de salud y hospitales públicos. No más dinero a la sanidad privada.
4. Gestión y titularidad pública del transporte colectivo. No a la privatización de la línea 2 del Tram en Alicante.
5. El cese de la privatización de cajas de ahorros. CAM pública.
6. Gestión y titularidad pública de los sectores estratégicos: luz, agua y telecomunicaciones.
7. Suspensión de la privatización de Loterías y Apuestas del Estado y aeropuertos.
8. La retirada del Acuerdo Social y Económico que alarga la edad de jubilación a los 67 años, endurece las condiciones de acceso y supone un recorte efectivo de la cuantía.
Las mesas se van a situar en las siguientes localizaciones en Alicante:
- Plaza de la Florida
- Plaza Manila
- Plaza de los Ángeles
- Parque Lo Morant
- Plaza de toros
- Universidad de Alicante
16 oct 2011
13 oct 2011
Manifiesto Plataforma de Lluita contra los Recortes: ÚNETE EN LA LUCHA CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y LABORALES
Desde Mayo de 2010, no han cesado las agresiones contra las condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora, empezando por el recorte del 5%
en los salarios de los empleados públicos, congelación de las pensiones
y un recorte de 11.000M€ en inversiones públicas. En Julio 2010, se aprobó una reforma laboral que facilita y abarata el despido, provocó la convocatoria de una huelga general el 29 de Septiembre y que no ha conseguido reducir el paro, sino aumentarlo. A día de hoy, casi 5 millones de personas se encuentran desempleadas y muchas de ellas sin derecho a ningún tipo de prestación. Más del 40% son jóvenes. Con el acuerdo económico y social firmado en Febrero de 2011, se aumentó la edad de jubilación hasta los 67 años, aumentando a 37 los años necesarios para poder cobrar el 100% de la pensión.
Con la reforma de la negociación colectiva, se priorizan los convenios de empresa frente a los sectoriales o autonómicos, dejando a los/as trabajadores/as sin defensa.
Con la última modificación de la reforma laboral (Agosto 2011) ya no es posible conseguir un contrato indefinido concatenando contratos temporales y se prolongan los contratos de formación hasta los 30 años (cobrando el 75% del salario del convenio).
Además durante todo este tiempo se ha estado regalando nuestro dinero a los bancos para asegurar su solvencia, pero, ¿qué beneficios tiene sobre la clase obrera? Ninguno. Basta decir que en nuestra provincia 3 familias son desahuciadas diariamente.
Se han aumentado los costes de la luz, el IVA y los precios de los productos de primera necesidad (bolsa de la compra).
Se ha iniciado un proceso de privatizaciones en el sector público en empresas rentables como aeropuertos, Loterías y Apuestas del Estado y Cajas de Ahorros, y todo apunta a que se intensificará el proceso de privatización en los sectores de la Educación y la Sanidad.
¿ESTO ES LO QUE QUEREMOS?
¡NOSOTROS NO!
CONVOCA: PLATAFORMA DE LUCHA CONTRA LOS RECORTES (Asamblea de Trabajadores por la Huelga -ATHG-, Endavant, STEPV-Intersindical Valenciana, Maulets, IU, PCPE, Asociación de Amistad con Cuba "Miguel Hernández")
11 oct 2011
Sábado 15 de Octubre: MARCHA POPULAR
La Plataforma de Lucha contra los Recortes convoca para este sábado por la mañana una marcha en forma de columna que partirá a las 11h desde el mercado de la calle Teulada, en Alicante.
NO MAS ATAQUES A LA CLASE OBRERA,
ACUDE a la marcha POPULAR!
9 oct 2011
Más de 10 millones de personas en “situación o riesgo de pobreza” en España
[periodismohumano]
La ONG EAPN publica el informe Las cifras de de la pobreza y de la exclusión social en España, que revela que un 23% de la población española es la que está sufriendo los efectos más amargos de esta crisis.
Los resultados del indicador AROPE muestran que más de diez millones y medio de personas en España, un 23.4% de la población, están en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. Frente al objetivo de reducción de la pobreza del 25% que plantea la Estrategia Europa 2020, en nuestro país es necesaria una profunda transformación en la configuración de las políticas sociales. Como las competencias de la mayor parte de las políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas, es en ese nivel en el que se tienen que definir nuevas estrategias de afrontamiento del objetivo de reducción de la pobreza.
La Estrategia Europa 2020 define un nuevo indicador de personas que viven en situación o riesgo de pobreza y exclusión social; se consideran personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social a aquellas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente [1]), y/o las que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítem definidos a nivel europeo) y/o las que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula. Este grupo de personas en Riesgo de Pobreza y Exclusión se denomina AROPE, en sus siglas en inglés (At Risk Of Poverty and/or Exclusion).
El índice de pobreza y exclusión para Europa es del 23,1% [2]; España se encuentra sobre esa media, con un 23,4%, en el puesto número 11 de la Europa de los 27, con la cifra más alta de los últimos 3 años (23,1 en 2007 y 22,9 en 2008). La media española se sitúa con un 23,4%, las diferencias entre comunidades varían en más de 30 puntos porcentuales entre el valor mínimo y el máximo. Los datos dan cuenta de la enorme desigualdad existente entre unos territorios y otros.
Existe el riesgo que en un contexto de crisis económica como el actual, el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza de la Estrategia 2020 queden supeditados al logro de la estabilización económica; sin embargo, este es precisamente el mejor momento de llevar a cabo medidas decisivas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estas medidas tienen además un carácter de urgente: 10.665.615 ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión y padecen los efectos más amargos de la crisis. La desigualdad, la pobreza y la exclusión social deterioran la cohesión social y ponen en cuestión los principios y valores de una sociedad democrática.
Tal como se ha venido insistiendo EAPN Madrid y el conjunto del Tercer Sector de Acción Social, la inclusión social debe estar en el centro de la agenda de nuestro país “son necesarios, por tanto, profundos cambios en nuestro modelo económico y de sociedad, de tal manera que la economía esté al servicio del desarrollo social y del bienestar de las personas, optando así por una manera de crecer más justa y equitativa” [3].
Referencias:
[1]. El umbral de la pobreza en 2009 de acuerdo con la ECV 2009 estaba en 7.980 euros al año, que se adecúa dependiendo del número de personas en el hogar.
[2]. Según Eurostat, el año 2009.
[3].Propuestas del Tercer sector de Acción Social para una estrategia de Inclusión Social 2020 en España- EAPN ES, Plataforma de ONG de Acción Social, y Plataforma del Voluntariado de España.
Informe completo Las cifras de pobreza y exclusión en España [pdf]
La ONG EAPN publica el informe Las cifras de de la pobreza y de la exclusión social en España, que revela que un 23% de la población española es la que está sufriendo los efectos más amargos de esta crisis.
Los resultados del indicador AROPE muestran que más de diez millones y medio de personas en España, un 23.4% de la población, están en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. Frente al objetivo de reducción de la pobreza del 25% que plantea la Estrategia Europa 2020, en nuestro país es necesaria una profunda transformación en la configuración de las políticas sociales. Como las competencias de la mayor parte de las políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas, es en ese nivel en el que se tienen que definir nuevas estrategias de afrontamiento del objetivo de reducción de la pobreza.
La Estrategia Europa 2020 define un nuevo indicador de personas que viven en situación o riesgo de pobreza y exclusión social; se consideran personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social a aquellas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente [1]), y/o las que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítem definidos a nivel europeo) y/o las que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula. Este grupo de personas en Riesgo de Pobreza y Exclusión se denomina AROPE, en sus siglas en inglés (At Risk Of Poverty and/or Exclusion).
El índice de pobreza y exclusión para Europa es del 23,1% [2]; España se encuentra sobre esa media, con un 23,4%, en el puesto número 11 de la Europa de los 27, con la cifra más alta de los últimos 3 años (23,1 en 2007 y 22,9 en 2008). La media española se sitúa con un 23,4%, las diferencias entre comunidades varían en más de 30 puntos porcentuales entre el valor mínimo y el máximo. Los datos dan cuenta de la enorme desigualdad existente entre unos territorios y otros.
Existe el riesgo que en un contexto de crisis económica como el actual, el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza de la Estrategia 2020 queden supeditados al logro de la estabilización económica; sin embargo, este es precisamente el mejor momento de llevar a cabo medidas decisivas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estas medidas tienen además un carácter de urgente: 10.665.615 ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión y padecen los efectos más amargos de la crisis. La desigualdad, la pobreza y la exclusión social deterioran la cohesión social y ponen en cuestión los principios y valores de una sociedad democrática.
Tal como se ha venido insistiendo EAPN Madrid y el conjunto del Tercer Sector de Acción Social, la inclusión social debe estar en el centro de la agenda de nuestro país “son necesarios, por tanto, profundos cambios en nuestro modelo económico y de sociedad, de tal manera que la economía esté al servicio del desarrollo social y del bienestar de las personas, optando así por una manera de crecer más justa y equitativa” [3].
Referencias:
[1]. El umbral de la pobreza en 2009 de acuerdo con la ECV 2009 estaba en 7.980 euros al año, que se adecúa dependiendo del número de personas en el hogar.
[2]. Según Eurostat, el año 2009.
[3].Propuestas del Tercer sector de Acción Social para una estrategia de Inclusión Social 2020 en España- EAPN ES, Plataforma de ONG de Acción Social, y Plataforma del Voluntariado de España.
Informe completo Las cifras de pobreza y exclusión en España [pdf]
6 oct 2011
Ya hay 1.346.027 parados sin prestación, casi medio millón más que hace un año
[J.G.N., M. V., Kaos en la Red]
La crisis, lejos de disminuir, se agrava. Prueba de ello es que a miles de parados se les acaban las prestaciones por desempleo y siguen sin encontrar un trabajo. En agosto —último dato facilitado por el Ministerio de Trabajo—, el número de parados sin prestación se incrementaba hasta los 1.346.027, unos 25.000 más que en julio. El aumento es especialmente significativo si comparamos los últimos doce meses, ya que en agosto de 2010 el número de parados sin prestación era de 970.542, casi medio millón menos que hoy.
La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de agosto ha sido del 71,10%, mientras que el mismo indicador en el mismo mes de 2010 fue de 79,10%, lo que supone un descenso en la cobertura del 10,1%. Los gastos en prestaciones en agosto ascendieron a 2.456,5 millones de euros, lo que supone un 5.78% menos que el mismo mes del año anterior.
Por otra parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social también fueron decepcionantes. Este organismo perdió una media de 64.956 cotizantes el pasado mes de septiembre, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes en 17.435.562, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con este descenso, la mitad del paro registrado en agosto (136.834), la Seguridad Social acumula dos meses de pérdida de afiliación.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señaló que esta reducción del número de cotizantes es «equiparable» a la de hace dos años o a la de los años anteriores a la crisis y la ha atribuido al ajuste de empleo llevado a cabo por las comunidades autónomas en educación, sanidad y administraciones públicas.
En los últimos doce meses, la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 235.918 cotizantes, concentrando el régimen general la mayor caída, con 221.119 ocupados menos en un año. El régimen de autónomos ha perdido 30.348 cotizantes en el último año. En valores mensuales, sólo el régimen agrario ganó afiliados en septiembre, con 30.846 cotizantes más. En el resto de regímenes cayó el número de cotizantes. El mayor descenso mensual se lo llevó el régimen general, que perdió 90.507 afiliados. El régimen especial de trabajadores autónomos sufrió una caída en la afiliación de 2.454 cotizantes, lo que supone el tercer mes consecutivo de descensos.
Dentro del régimen general, las mayores caídas se registraron en hostelería y comercio, con 35.830 y 30.259 afiliados menos, respectivamente. Entre las subidas, las más elevadas correspondieron a la educación, que ganó 37.363 cotizantes, y las actividades administrativas y servicios auxiliares, que sumaron 9.745 ocupados.
Sube la afiliación femenina. La caída de la afiliación en septiembre se concentró exclusivamente en los hombres. En concreto, se perdieron 70.083 afiliados varones, frente a una subida de la afiliación femenina de 5.127 mujeres. El número de afiliados extranjeros disminuyó en septiembre en 13.384 trabajadores, tercer descenso consecutivo, hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 1.816.662 personas.
La crisis, lejos de disminuir, se agrava. Prueba de ello es que a miles de parados se les acaban las prestaciones por desempleo y siguen sin encontrar un trabajo. En agosto —último dato facilitado por el Ministerio de Trabajo—, el número de parados sin prestación se incrementaba hasta los 1.346.027, unos 25.000 más que en julio. El aumento es especialmente significativo si comparamos los últimos doce meses, ya que en agosto de 2010 el número de parados sin prestación era de 970.542, casi medio millón menos que hoy.
La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de agosto ha sido del 71,10%, mientras que el mismo indicador en el mismo mes de 2010 fue de 79,10%, lo que supone un descenso en la cobertura del 10,1%. Los gastos en prestaciones en agosto ascendieron a 2.456,5 millones de euros, lo que supone un 5.78% menos que el mismo mes del año anterior.
Por otra parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social también fueron decepcionantes. Este organismo perdió una media de 64.956 cotizantes el pasado mes de septiembre, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes en 17.435.562, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con este descenso, la mitad del paro registrado en agosto (136.834), la Seguridad Social acumula dos meses de pérdida de afiliación.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señaló que esta reducción del número de cotizantes es «equiparable» a la de hace dos años o a la de los años anteriores a la crisis y la ha atribuido al ajuste de empleo llevado a cabo por las comunidades autónomas en educación, sanidad y administraciones públicas.
En los últimos doce meses, la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 235.918 cotizantes, concentrando el régimen general la mayor caída, con 221.119 ocupados menos en un año. El régimen de autónomos ha perdido 30.348 cotizantes en el último año. En valores mensuales, sólo el régimen agrario ganó afiliados en septiembre, con 30.846 cotizantes más. En el resto de regímenes cayó el número de cotizantes. El mayor descenso mensual se lo llevó el régimen general, que perdió 90.507 afiliados. El régimen especial de trabajadores autónomos sufrió una caída en la afiliación de 2.454 cotizantes, lo que supone el tercer mes consecutivo de descensos.
Dentro del régimen general, las mayores caídas se registraron en hostelería y comercio, con 35.830 y 30.259 afiliados menos, respectivamente. Entre las subidas, las más elevadas correspondieron a la educación, que ganó 37.363 cotizantes, y las actividades administrativas y servicios auxiliares, que sumaron 9.745 ocupados.
Sube la afiliación femenina. La caída de la afiliación en septiembre se concentró exclusivamente en los hombres. En concreto, se perdieron 70.083 afiliados varones, frente a una subida de la afiliación femenina de 5.127 mujeres. El número de afiliados extranjeros disminuyó en septiembre en 13.384 trabajadores, tercer descenso consecutivo, hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 1.816.662 personas.
3 oct 2011
3 de Octubre: Gran Movilización Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores
Desde la Plataforma de Lluita Contra les Retallades se han convocado una concentración de protesta contra las consecuencias que está teniendo la crisis en la clase trabajadora, reflejadas como recortes tanto en los servicios públicos (educación y sanidad) como en los derechos sociales y laborales. Esta acción, que secunda la convocatoria de la Jornada de Lucha Internacional de la Federación Sindical Mundial (FSM) de hoy, 3 de Octubre, tendrá lugar a las 19:00h en la estación del TRAM de la plaza de Luceros, en Alicante, y a las 19:45h en la puerta de la Escuela de Idiomas, también en Alicante. Este es el texto del manifiesto que se va a repartir en las concentraciones:
3 DE OCTUBRE JORNADA DE LUCHA INTERNACIONAL
La Federación Sindical Mundial (FSM), desde su fundación el 3 de Octubre de 1945 en la ciudad de París, asumió la misión de luchar bajo los principios de clase y de solidaridad y la de mantener en alto las banderas de la unidad en las acciones de lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora.
Los gobiernos al servicio del gran capital, están imponiendo reformas criminales que generan más despidos, bajos salarios, desempleo, liquidación de la educación y de la sanidad públicas... para hacer pagar todo el peso de la crisis a las y los trabajadores en su afán de prolongar la agonía del sistema capitalista. La recesión amenaza a los pueblos del mundo.
Por eso nos sumamos a la gran Movilización Internacional de las trabajadoras y trabajadores este 3 de Octubre, luchando por:
- LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA SANIDAD PÚBLICAS PARA TODOS. NO MÁS PRIVATIZACIONES NI COMERCIO CON LA SALUD.
- LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA Y GRATUITA. NI UN EURO A LA PRIVADA Y CONCERTADA.
- DERECHO A UNA JUBILACIÓN DIGNA. NO A LA REFORMA DE LAS PENSIONES.
- DERECHO AL TRABAJO DIGNO. NO A LA REFORMAS QUE DEGRADAN LAS CONDICIONES LABORALES.
- RESPETO A CONVENIOS Y A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
- 35 HORAS DE TRABAJO SEMANAL, 7 HORAS DIARIAS, 5 DIAS SEMANALES CON SALARIOS DIGNOS.
- SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS QUE LUCHAN CONTRA EL IMPERIALISMO, Y POR LA PAZ. CONTRA LA BARBARIE DE LA OTAN.
Ahora es el momento de luchar, de organizarnos contra un sistema que no parará hasta hacernos esclavos.
¡La unidad y la lucha es nuestro único futuro para una vida digna!
PRÓXIMO DÍA 15 DE OCTUBRE GRAN MANIFESTACIÓN CONTRA LOS RECORTES.
ORGANIZA: PLATAFORMA DE LUCHA CONTRA LOS RECORTES DE ALICANTE
HORA: A partir de las 11h desde el mercado de Teulada.
Convocan: Asamblea de Trabajadores por la Huelga General (ATHG), Endavant, Intersindical Valenciana, Maulets, IU, PCPE, Asociación de Amistad con Cuba "Miguel Hernandez"
La ATHG saluda la presentación de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública del País Valencià (CAS-PV)
Saludamos desde la ATHG la constitución de la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat Pública del País Valencià (CAS-PV) organización que, tal y como indica su nombre, tiene como objetivo la lucha contra el silencioso pero intenso proceso de privatización que desde hace varios años lleva sufriendo el Sistema Sanitario Público en todo el País Valenciano. El Acto de Presentación del CAS-PV tuvo lugar el pasado Jueves 15 de septiembre a las 19 horas en la Societat Coral El Micalet de València. Intervinieron Antonio Portero, José Frechina y Paco Ferriz por el CAS-PV y pudimos disfrutar de la presencia del compañero Antonio Gómez Liébana del CAS Madrid, organización consolidada y de prestigio que funciona en la Comunidad de Madrid desde el año 2004. Antonio ofreció multitud de datos escalofriantes acerca de los orígenes y consecuencias de la privatización sanitaria en el País Valenciano, resto del Estado Español y a nivel internacional.
CAS Madrid y CAS-PV, aunque organizaciones independientes, mantienen una estrecha afinidad en sus objetivos y planteamientos, encaminados a la defensa consecuente y basada en la evidencia científica del derecho a una Sanidad de carácter estrictamente público, universal, integral y de calidad. CAS-PV se define como asamblearia, unitaria de base y hace de la democracia directa su mecanismo de toma de decisiones. Al finalizar el Acto, se recopilaron los datos de aquellos asistentes interesados en participar de la lucha del CAS-PV (Formulario de Inscripción) y se recogieron firmas contra el copago (repago) sanitario y por la derogación de la Ley 15/97, instrumento que da cobertura legal al progresivo proceso de privatización de nuestro Sistema Nacional de Salud.
La ATHG quiere hacer patente su apoyo a la organización CAS-PV y manifiesta su plena disposición a colaborar estrechamente en la consecución de los objetivos arriba mencionados como parte esencial en la defensa de un derecho social tan básico como es el derecho a la salud de nuestro pueblo.
Anexos:
- 1er. Comunicado Público del CAS-PV: http://caspv.wordpress.com/inici/
- Formulario de Inscripción al CAS-PV: http://caspv.wordpress.com/associat/
CAS Madrid y CAS-PV, aunque organizaciones independientes, mantienen una estrecha afinidad en sus objetivos y planteamientos, encaminados a la defensa consecuente y basada en la evidencia científica del derecho a una Sanidad de carácter estrictamente público, universal, integral y de calidad. CAS-PV se define como asamblearia, unitaria de base y hace de la democracia directa su mecanismo de toma de decisiones. Al finalizar el Acto, se recopilaron los datos de aquellos asistentes interesados en participar de la lucha del CAS-PV (Formulario de Inscripción) y se recogieron firmas contra el copago (repago) sanitario y por la derogación de la Ley 15/97, instrumento que da cobertura legal al progresivo proceso de privatización de nuestro Sistema Nacional de Salud.
La ATHG quiere hacer patente su apoyo a la organización CAS-PV y manifiesta su plena disposición a colaborar estrechamente en la consecución de los objetivos arriba mencionados como parte esencial en la defensa de un derecho social tan básico como es el derecho a la salud de nuestro pueblo.
Anexos:
- 1er. Comunicado Público del CAS-PV: http://caspv.wordpress.com/inici/
- Formulario de Inscripción al CAS-PV: http://caspv.wordpress.com/associat/
16 sept 2011
CAS Madrid: "Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios"
Desde la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS Madrid) nos ha llegado un documento que resume las posturas de diferentes partidos políticos, federaciones y sindicatos frente a la Ley 15/97, que fue con la que se inició el proceso de privatización de la Sanidad Pública en el Estado Español. Adjuntamos en esta entrada el texto íntegro del documento "Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios" que ha elaborado CAS Madrid.
PP, PSOE, CiU, CC, PNV: partidos que aprobaron con sus votos en el
Parlamento Estatal, la Ley que permite privatizar la sanidad (15/97 o de “Nuevas
Formas de Gestión en Sanidad”).
PP
No hace falta decir que además del apoyo a la Ley 15/97, es el partido
que, donde gobierna, ha aplicado masivamente la privatización de
centros que la misma posibilita:
- Madrid: 8 hospitales abiertos en Madrid y 3 más de próxima apertura,
además del macro laboratorio privado.
- País Valenciano: Alzira, Torrevieja, Elche, Denia, Manises.
- Murcia: Mar Menor, Cartagena, Mazarrón.
- Castilla y León: Burgos
PSOE
* Durante el debate parlamentario de dicha Ley defendió que, con esta Ley
“se cierra el paso a la privatización de la sanidad, señorías…..” y “garantiza la titularidad
pública de los centros sanitarios”.
Lo que con el tiempo se ha demostrado absolutamente falso, hasta el punto de
que el propio Tribunal Superior de Justicia de Valencia dictó sentencia firme en el
sentido de que, el tipo de hospitales privados modelo PFI-Concesión, que se
están abriendo en diferentes Comunidades Autónomas (Madrid, Valencia,
Catalunya, Baleares, Castilla León, Murcia, Galicia…..), son posibles gracias al
“… soporte legal a la concesión administrativa vendría dada por el Real Decreto Ley
10/1996 y Ley 15/1997” ……..” En vista de que a la luz la LGS, no se recogía ni permitía la
gestión indirecta del servicio público de salud, se dicta la Ley 15/1997 de 25-04-1997 sobre
Habilitación nuevas Formas Gestión Sistema Nacional de Salud” …… “Si son nuevas formas,
significa que con anterioridad a estas normas dichas formas no existían, o no era posible
legalmente llevarlas al Sistema Nacional de Salud …”.
·
“Mayor precisión tiene la Ley 15/1997 que el Real Decreto Ley 10/1996, que permite
acuerdos o convenios con personas públicas o privadas lo que significa abrir la puerta a las
formas de gestión indirecta entre ellas la concesión administrativa …. no cabe duda de que
el enfoque legislativo es abrir las formas de gestión tanto a entidades y personas, públicas
como privadas, y formas de gestión directa o indirecta.”
Posteriormente, en 2009, IU presento una Proposición de Ley en el Congreso para
“Modificar la 15/97” (se supone que para limitar o recortar la entrada de empresas
privadas). Durante cerca de 2 años, el PSOE se ha limitado a solicitar ampliación de
plazo semanalmente, esperando al agotamiento de la legislatura para que la
proposición decaiga. Se podría haber modificado la Ley en el sentido de dejar fuera del
SNS las empresas privadas con ánimo de lucro. En manos del PSOE ha estado la
posibilidad de frenar la privatización en todo el estado y no lo ha hecho.
* Los tripartitos de Catalunya y Baleares también han propiciado la construcción
de hospitales modelo PFI:
- Catalunya: Bajo Llobregat
- Baleares: Son Espases y Can Misses.
* Con sus votos ha permitido el traspaso del Patrimonio sanitario y sociosanitario
de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas para que
puedan venderlo. Previamente consintió a la Comunidad de Madrid, ceder
a una empresa privada (Capio SA) dos ambulatorios propiedad de la
Tesorería General de la S.S. (Quintana y Pontones) para uso privado.
FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública)
* Asociación de carácter federal, que recibe multitud de subvenciones2,
tanto por parte de Ministerios controlados por el PSOE, como de
Consejerías en manos del PP. Además, el Ministerio de Sanidad le tiene
concedido la “Orden Civil de Sanidad”, se supone que “para premiar sus
méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales, en
el ámbito de la sanidad”.
* Denuncia las privatizaciones realizadas por el PP y calla las realizadas
por gobiernos de “izquierdas”, encabezados por el PSOE.
* Prueba de su postura, son las declaraciones de su portavoz, Marciano
Sánchez Bayle, con motivo del ingreso de Juan Carlos de Borbón en las
dependencias privadas del Hospital Clinic de Barcelona:
“La sanidad pública trata exactamente igual al Rey que a cualquier otro ciudadano; es algo
de lo que debemos estar muy orgullosos.”
Lo que recibió críticas de periodistas como Isaac Rosa: Los Borbones se sacan la tarjeta sanitaria:
“No se sorprendan si mañana, al acudir al pediatra para la revisión de sus hijos, se
encuentran en la sala de espera a Felipe de Borbón y señora con la prole, esperando turno.
Sería lo lógico, después de que el Rey haya contado a su familia cómo fue su paso por el
hospital en su reciente intervención: “Yo creía que lo de la sanidad pública era muy
chungo, pero qué va, está de lujo: la habitación era de hotel, me operaron nada más
llegar, y todo fueron atenciones.”
A la vista de las declaraciones del portavoz de la Federación de Asociaciones para
la Defensa de la Sanidad Pública:
“El Rey ha hecho lo que hace la mayoría de los españoles cuando hay un problema grave o
potencialmente grave de salud, que es acudir al sistema público”
"Además, la sanidad pública trata exactamente igual al Rey que a cualquier otro
ciudadano, y esto es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos todos los españoles"
Desde CAS nos vimos obligados a contestar con el artículo “Las subvenciones nublan el entendimiento y la conciencia. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) agradece al rey que reconozca el buen funcionamiento de la sanidad pública”.
* Para acabar, y en línea con su compromiso en la búsqueda de soluciones
reales al desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, en su próximo
Congreso (con seguridad subvencionado), a celebrar en Málaga, realizado en
colaboración con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, tienen como
ponentes a lo más granado del PP, del PSOE y de UGT: al secretario General de
UGT Andalucía, a Mª Ángeles Amador (ex ministra de sanidad del PSOE, que voto
a favor de la 15/97); Ana María Pastor Julián (ex Ministra de Sanidad por el PP).
* En las pasadas movilizaciones en defensa de la sanidad pública de Galicia, y
en contra de la apertura de hospitales modelo PFI (exactamente el mismo
modelo que el PP ha utilizado en Madrid o el PSOE en Baleares), los portavoces
de la Asociación para la Defensa de la Sanidad de Galicia (federada a las FADSP),
no dudaron en situarse en la pancarta de cabecera, al lado de los diputados del
PSG-PSOE, de CCOO y otros grupos de la misma línea, gritando contra la
privatización del PP. Eso sí, debido a un lapsus, ni un grito, ni un manifiesto
explicando que los hospitales de ese modelo privado que el PP va a abrir en
Galicia, son posibles gracias a los votos de sus compañeros de pancarta del
PSOE. Todo una muestra de funambulismo y “saber estar políticos”.
CCOO
Se ha mostrado siempre a favor de este modelo privatizador, es más, su
Federación de Sanidad publicó una nota de prensa titulada “Valoración de
CCOO sobre el consenso alcanzado ayer en el Parlamento Sobre las
nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud”, en la que
“valoraba positivamente el consenso alcanzado por PP, PSOE, CiU,CC y PNV”.
UGT
No se le conoce postura clara contra la privatización sanitaria en lo que
respecta a movilizaciones.
Sindicatos Corporativos de medicina y enfermería
Han mantenido en todo el estado posiciones paralelas a la Administración.
Colegios Profesionales (medicina, enfermería….)
No han dado señales de vida durante este proceso de privatizaciones y
deterioro, que se están sufriendo en todas las CCAA del estado.
Sociedades Científicas
En su inmensa mayoría se dedican a sus cosas, a su “investigación”,
eludiendo cualquier estudio o critica al deterioro y privatización. Su
financiación proviene, en su mayor parte de las Administraciones y de las
multinacionales de farmacia.
Desde CAS hacemos aun llamamiento a todas aquellas organizaciones
que quieran defender de verdad la sanidad publica, actuando sobre
las causas de la privatización y no quedándose simplemente en
denunciar los síntomas, para que se coordinen y organicen,
excluyendo siempre a todos aquellos grupos subvencionados, y por
tanto dependientes del poder y de las instituciones, cuya labor es la de
generar confusión al dar la falsa imagen de que defienden el sistema
sanitario publico, pero que no plantean las medidas tendentes a paralizar
la privatización, dado que comen de la mano de las subvenciones de
quienes aprueban las leyes que la permiten.
Mientras el PSOE subvenciona a unos, manda a la policía a apalearnos a
otros.
Madrid, septiembre de 2011
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