CAS Madrid: "Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios"

Desde la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS Madrid) nos ha llegado un documento que resume las posturas de diferentes partidos políticos, federaciones y sindicatos frente a la Ley 15/97, que fue con la que se inició el proceso de privatización de la Sanidad Pública en el Estado Español. Adjuntamos  en esta entrada el texto íntegro del documento "Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios" que ha elaborado CAS Madrid. 

PP, PSOE, CiU, CC, PNV: partidos que aprobaron con sus votos en el Parlamento Estatal, la Ley que permite privatizar la sanidad (15/97 o de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”). 

PP

No hace falta decir que además del apoyo a la Ley 15/97, es el partido que, donde gobierna, ha aplicado masivamente la privatización de centros que la misma posibilita: 

- Madrid: 8 hospitales abiertos en Madrid y 3 más de próxima apertura, además del macro laboratorio privado. 

- País Valenciano: Alzira, Torrevieja, Elche, Denia, Manises. 

- Murcia: Mar Menor, Cartagena, Mazarrón. 

- Castilla y León: Burgos 

PSOE 

* Durante el debate parlamentario de dicha Ley defendió que, con esta Ley “se cierra el paso a la privatización de la sanidad, señorías…..” y “garantiza la titularidad pública de los centros sanitarios”. 

Lo que con el tiempo se ha demostrado absolutamente falso, hasta el punto de que el propio Tribunal Superior de Justicia de Valencia dictó sentencia firme en el sentido de que, el tipo de hospitales privados modelo PFI-Concesión, que se están abriendo en diferentes Comunidades Autónomas (Madrid, Valencia, Catalunya, Baleares, Castilla León, Murcia, Galicia…..), son posibles gracias al 

“… soporte legal a la concesión administrativa vendría dada por el Real Decreto Ley 10/1996 y Ley 15/1997” ……..” En vista de que a la luz la LGS, no se recogía ni permitía la gestión indirecta del servicio público de salud, se dicta la Ley 15/1997 de 25-04-1997 sobre Habilitación nuevas Formas Gestión Sistema Nacional de Salud” …… “Si son nuevas formas, significa que con anterioridad a estas normas dichas formas no existían, o no era posible legalmente llevarlas al Sistema Nacional de Salud …”. · 

“Mayor precisión tiene la Ley 15/1997 que el Real Decreto Ley 10/1996, que permite acuerdos o convenios con personas públicas o privadas lo que significa abrir la puerta a las formas de gestión indirecta entre ellas la concesión administrativa …. no cabe duda de que el enfoque legislativo es abrir las formas de gestión tanto a entidades y personas, públicas como privadas, y formas de gestión directa o indirecta.” 

Posteriormente, en 2009, IU presento una Proposición de Ley en el Congreso para “Modificar la 15/97” (se supone que para limitar o recortar la entrada de empresas privadas). Durante cerca de 2 años, el PSOE se ha limitado a solicitar ampliación de plazo semanalmente, esperando al agotamiento de la legislatura para que la proposición decaiga. Se podría haber modificado la Ley en el sentido de dejar fuera del SNS las empresas privadas con ánimo de lucro. En manos del PSOE ha estado la posibilidad de frenar la privatización en todo el estado y no lo ha hecho. 

* Los tripartitos de Catalunya y Baleares también han propiciado la construcción de hospitales modelo PFI: 

- Catalunya: Bajo Llobregat 

- Baleares: Son Espases y Can Misses. 

* Con sus votos ha permitido el traspaso del Patrimonio sanitario y sociosanitario de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas para que puedan venderlo. Previamente consintió a la Comunidad de Madrid, ceder a una empresa privada (Capio SA) dos ambulatorios propiedad de la Tesorería General de la S.S. (Quintana y Pontones) para uso privado. 

FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública)

* Asociación de carácter federal, que recibe multitud de subvenciones2, tanto por parte de Ministerios controlados por el PSOE, como de Consejerías en manos del PP. Además, el Ministerio de Sanidad le tiene concedido la “Orden Civil de Sanidad”, se supone que “para premiar sus méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales, en el ámbito de la sanidad”. 

* Denuncia las privatizaciones realizadas por el PP y calla las realizadas por gobiernos de “izquierdas”, encabezados por el PSOE.  

* Prueba de su postura, son las declaraciones de su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, con motivo del ingreso de Juan Carlos de Borbón en las dependencias privadas del Hospital Clinic de Barcelona: 

“La sanidad pública trata exactamente igual al Rey que a cualquier otro ciudadano; es algo de lo que debemos estar muy orgullosos.” 

Lo que recibió críticas de periodistas como Isaac Rosa: Los Borbones se sacan la tarjeta sanitaria: 

“No se sorprendan si mañana, al acudir al pediatra para la revisión de sus hijos, se encuentran en la sala de espera a Felipe de Borbón y señora con la prole, esperando turno. Sería lo lógico, después de que el Rey haya contado a su familia cómo fue su paso por el hospital en su reciente intervención: “Yo creía que lo de la sanidad pública era muy chungo, pero qué va, está de lujo: la habitación era de hotel, me operaron nada más llegar, y todo fueron atenciones.” 

A la vista de las declaraciones del portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública: 

“El Rey ha hecho lo que hace la mayoría de los españoles cuando hay un problema grave o potencialmente grave de salud, que es acudir al sistema público” 

"Además, la sanidad pública trata exactamente igual al Rey que a cualquier otro ciudadano, y esto es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos todos los españoles" 

Desde CAS nos vimos obligados a contestar con el artículo “Las subvenciones nublan el entendimiento y la conciencia. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) agradece al rey que reconozca el buen funcionamiento de la sanidad pública”.  

* Para acabar, y en línea con su compromiso en la búsqueda de soluciones reales al desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, en su próximo Congreso (con seguridad subvencionado), a celebrar en Málaga, realizado en colaboración con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, tienen como ponentes a lo más granado del PP, del PSOE y de UGT: al secretario General de UGT Andalucía, a Mª Ángeles Amador (ex ministra de sanidad del PSOE, que voto a favor de la 15/97); Ana María Pastor Julián (ex Ministra de Sanidad por el PP). 

* En las pasadas movilizaciones en defensa de la sanidad pública de Galicia, y en contra de la apertura de hospitales modelo PFI (exactamente el mismo modelo que el PP ha utilizado en Madrid o el PSOE en Baleares), los portavoces de la Asociación para la Defensa de la Sanidad de Galicia (federada a las FADSP), no dudaron en situarse en la pancarta de cabecera, al lado de los diputados del PSG-PSOE, de CCOO y otros grupos de la misma línea, gritando contra la privatización del PP. Eso sí, debido a un lapsus, ni un grito, ni un manifiesto explicando que los hospitales de ese modelo privado que el PP va a abrir en Galicia, son posibles gracias a los votos de sus compañeros de pancarta del PSOE. Todo una muestra de funambulismo y “saber estar políticos”. 

CCOO 

Se ha mostrado siempre a favor de este modelo privatizador, es más, su Federación de Sanidad publicó una nota de prensa titulada “Valoración de CCOO sobre el consenso alcanzado ayer en el Parlamento Sobre las nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud”, en la que “valoraba positivamente el consenso alcanzado por PP, PSOE, CiU,CC y PNV”. 

UGT

No se le conoce postura clara contra la privatización sanitaria en lo que respecta a movilizaciones. 

Sindicatos Corporativos de medicina y enfermería 

Han mantenido en todo el estado posiciones paralelas a la Administración. 

Colegios Profesionales (medicina, enfermería….) 

No han dado señales de vida durante este proceso de privatizaciones y deterioro, que se están sufriendo en todas las CCAA del estado. 

Sociedades Científicas 

En su inmensa mayoría se dedican a sus cosas, a su “investigación”, eludiendo cualquier estudio o critica al deterioro y privatización. Su financiación proviene, en su mayor parte de las Administraciones y de las multinacionales de farmacia. 

Desde CAS hacemos aun llamamiento a todas aquellas organizaciones que quieran defender de verdad la sanidad publica, actuando sobre las causas de la privatización y no quedándose simplemente en denunciar los síntomas, para que se coordinen y organicen, excluyendo siempre a todos aquellos grupos subvencionados, y por tanto dependientes del poder y de las instituciones, cuya labor es la de generar confusión al dar la falsa imagen de que defienden el sistema sanitario publico, pero que no plantean las medidas tendentes a paralizar la privatización, dado que comen de la mano de las subvenciones de quienes aprueban las leyes que la permiten. Mientras el PSOE subvenciona a unos, manda a la policía a apalearnos a otros. 

Madrid, septiembre de 2011

Las nuevas medidas laborales del Decreto Ley del Gobierno: más precariedad, más temporalidad, igual desempleo

[Vidal Aragonés, Kaos en la red]

Cuando parecía que lo que ahora tocaba era la contrarreforma del contrato a tiempo parcial nos encontramos con una nueva degradación de los derechos laborales a través la modificación del contrato de formación y de la pseudolimitación de la contratación temporal.

LAS NUEVAS MEDIDAS LABORALES DEL RD-LEY DEL GOBIERNO: MÁS TEMPORALIDAD, MÁS PRECARIEDAD, IGUAL DESEMPLEO.

Cuando parecía que lo que ahora tocaba era la contrarreforma del contrato a tiempo parcial nos encontramos con una nueva degradación de los derechos laborales a través la modificación del contrato de formación y de la pseudolimitación de la contratación temporal. En todo caso no se trata de actuaciones innovadoras sino que formaban parte de la batería de medidas que el Ministerio de Trabajo hizo públicas en abril de 2010. Si bien pese a anunciarse la aprobación del RD-Ley no se ha hecho público el literal de su contenido, procedemos a confeccionar una primera aproximación a través de la descripción que realizan las páginas web del Gobierno y del Ministerio de Trabajo sobre las medidas.

EL CONTENIDO DEL RD-LEY

EL NUEVO CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE.

El nuevo contrato se podrá realizar con mayores de 16 y menores de 25 años que no hubiesen obtenido los correspondientes títulos de universitarios, de formación profesional o un certificado de profesionalidad. De forma transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, se podrá realizar también con mayores de 25 y menores de 30 años.

Su duración mínima será de un año y la máxima de dos, pudiéndose prorrogar por doce meses más. La jornada laboral será del 75% de la que se realice en la empresa, el tiempo restante se dedicará a actividad en un centro formativo. De la información que contamos hasta el momento no se ha concretado si la cotización será a tiempo completo por el tiempo efectivo de trabajo o por la suma del mismo más la formación.

El trabajador o la trabajadora percibirá como salario las retribuciones correspondientes al Salario Mínimo Interprofesional si realizase jornada completa. Tras el tiempo por el cual se ha suscrito el contrato se percibirá la indemnización correspondiente a finalización de contrato temporal (8 días por año 2011, 9 días por año si el contrato se suscribiese en el 2012).

De la misma manera del contenido filtrado pareciese que no se requiera la fijación tutores para la formación.

Cuando el contrato suponga incremento del empleo, la empresa tendrá una reducción del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato si se contrata a personas desempleadas. La reducción será del 75% para empresas de más de 250 trabajadores.

Las mercantiles tendrán derecho a una reducción de la cotización social de 1.500 euros anuales durante tres años (1.800 euros anuales en caso de contratar a mujeres) cuando a su finalización el contrato para la formación y el aprendizaje se transforme en un contrato indefinido y suponga creación de empleo fijo en la empresa.

SUSPENSIÓN DEL ARTÍCULO 15.5 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: NO SE TRANSFORMARÁN EN INDEFINIDOS POR SUPERACIÓN DE UMBRALES TEMPORALES DE 24 MESES EN UN PERIODO DE 30 MESES.

Se suspende durante 2 años la regla que ante determinados contratos y condiciones transformaba en indefinidos a los trabajadores y trabajadoras que prestasen servicios durante 24 meses en un periodo de 30 meses.

Si bien es cierto que tenía una efectividad práctica residual por no aplicarse la norma a los contratos formativos, de interinidad o relevo, con la suspensión se deja sin efecto esta posibilidad, con lo cual se apuesta por consolidar todavía más la temporalidad.

MANTENIMIENTO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA RECUPERACIÓN DE 8 DÍAS POR AÑO A LAS EMPRESAS QUE REALICEN DESPIDO OBJETIVOS.

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 del resarcimiento, por parte del Fondo de Garantía Salarial, del pago de 8 días de salario por despido objetivo, aunque a partir del 1 de enero de 2012 será únicamente de aplicación en los despidos procedentes. Hasta ahora las empresas podían recuperar los 8 días por año tanto en los despidos procedentes como en los improcedentes en los que hubiese abonado indemnización, tanto en pequeñas empresas con pérdidas como en Grupos empresariales con beneficios multimillonarios.

PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.

Se amplía el período para que se puedan transformar contratos temporales en otros de fomento de la contratación indefinida hasta el 31 de diciembre de 2011, hasta 31 de diciembre de 2012 si el contrato temporal es por 6 meses suscritos con posterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley.

Recordemos que se trata de un contrato con una indemnización inferior a la ordinaria: 33 días por año con tope de 24 mensualidades y no 45 días por año con tope de 42 mensualidades

PRÓRROGA DEL PROGRAMA PREPARA. INTEGRACIÓN EN UN ORGANISMO ÚNICO DEL FOGASA Y EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

Se prorrogará durante 6 meses más el programa PREPARA que pretende ayudar a la “recualificación profesional” de los hubieran agotado prestación y subsidio de desempleo, abonándose 400 €.

El Real Decreto Ley incluye el mandato para que en 6 meses se proceda a integran en un único organismo el Servicio Público de Empleo Estatal y el FOGASA.

ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS: MÁS TEMPORALIDAD AHORA INFRAMILEURISTA.

En primer lugar con el nuevo contrato de formación seguramente no se percibirá ni el SMI (641,40 €), en la medida que la jornada no podrá ser superior al 75% lo máximo que se cobrara serán 481,05 €, si bien esta cuestión está pendiente de confirmación en el literal del contenido del RD-Ley, en todo caso la retribución a jornada completa no superará el SMI.

A su vez se posibilita que esta realidad se extienda hasta 3 años, llegando incluso a poder contratarse pocos días antes de los 30 años y que finalice el contrato hasta casi los 33 años.

Si esta regulación de temporalidad con bajas retribuciones es la máxima expresión de precariedad ponen la puntilla el regalo que las empresas pueden tener por la contratación, del 100% de la cuota hasta 1500 o 1800 € de la cotización social.

Además más allá que la creación de empleo tiene origen en la demanda y la existencia de crecimiento productivo, por diferentes cuestiones tampoco va a ser un contrato que se vaya a utilizar en tal porcentaje que aumente el empleo. El hasta ahora existente contrato de formación, similar a la nueva regulación, conjuntamente con el contrato de prácticas suponían el 0,82% de los contratos en el 2009 sin que se llegase en el 2010 al 1% de los contratos.

De la misma la suspensión de la norma que posibilitaba la transformación de la contratación temporal en indefinida por superación de los 24 meses generará nuevamente entre las empresas una sensación de impunidad absoluta a la hora de contratar por tiempo determinado.

Aunque se elimina la posibilidad que por despidos improcedentes no se recuperen 8 días por año estas medidas no será efectiva hasta el próximo año, pudiendo así las empresas recuperar hasta esa fecha una parte de la indemnización que abonan en cualquier supuesto de despido. Más allá de finalización del presente años se podrán solicitar por las empresas hasta 8 días por año en los despidos objetivos procedentes con independencia del volumen de la empresa y la situación económica de la misma.

A su vez la prórroga del contrato para el fomento de la contratación indefinida tiene un efecto llamada para contratar inicialmente como temporal para después transformar a ese contrato que tiene una indemnización inferior (33 días por año con tope de 24 mensualidad y no 45 días por año con tope de 42 mensualidades).

Supone una actuación deficiente los 400 € del PREPARA y pareciese que el Gobierno sigue sin entender que las causas del desempleo no son la falta de preparación profesional de los trabajadores sino la falta de puestos de trabajo.

Por último no tendría mayor importancia la fusión del Servicio Público de Empleo Estatal y el FOGASA si este último no estuviese colapsado por falta de personal y la avalancha de expedientes que ha provocado la crisis. Genera incertidumbre la estabilidad financiera del mismo por abonar incluso 8 días por año de cualquier despido de contratos para el fomento de la contratación indefinida suscritos tras la Ley 35/2010 y por lo que resta de año, así como 8 días por año de los referidos contratos en los despidos objetivos de cualquier empresa.

En definitiva, más temporalidad, más precariedad e igual desempleo.

Vidal Aragonés.

El sistema sanitario es sostenible: Las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros al año

[CAS Madrid]

El fraude total, de cerca de 60.000 millones de €, es similar al gasto sanitario publico total.

Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según el informe de 'Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe "consonancia" con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.

"La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad", reclamó Mollinedo.
En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

Casi cinco puntos menos que las microempresas

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.
Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un "mayor esfuerzo" para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.
"Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude", lamentó Gestha en un comunicado.

El Parlamento español aprueba definitivamente el "pensionazo" gracias al PSOE y CiU y con el apoyo de CC.OO y UGT

[Kaos en la red]

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la ley de modernización del sistema de la Seguridad Social tras ratificar las 40 enmiendas incorporadas en el Senado, cerrando así un trámite parlamentario en el que el PSOE sólo ha conseguido el apoyo de CiU para impulsar el retraso de la edad de jubilación hasta los 67.

Aunque el Pleno de este jueves no ha votado el conjunto de la norma, sino sólo las enmiendas de la Cámara Alta, los portavoces del PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD han recalcado su posición contraria al global de una reforma que, a su juicio, supone un recorte de las pensiones y los derechos de los trabajadores, al tiempo que no garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha negado que la norma suponga "ningún recorte" y ha garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entren plenamente en vigor estos aspectos. Es más, según sus cálculos, más adelante, a partir de 2040 o 2050, las pensiones seguramente se "triplicarán e incluso más", pese a que habrá 18 millones de pensionistas.

Asimismo, ha recalcado que estos aspectos de la norma vienen avalados tanto por los agentes sociales como por el propio Parlamento, a través del Pacto de Toledo, y contemplan un plazo de 15 años, entre el 1 de enero de 2013 y 2027 para introducir progresivamente los cambios. 

Telefónica, vergüenza consumada

[Victor J. Sanz, Rebelión]

Finalmente, se ha salido con la suya. Telefónica ha conseguido que el ministerio de Trabajo autorice el expediente de regulación de empleo (ERE) [1], que afectará a unos 6.500 empleados.

La compañía registró en 2010 unos beneficios récord de 10.167 millones de euros, un 30% mayores que en 2009. El premio, la comisión, el salario variable para 6.500 de sus trabajadores es… un ERE.

A pesar de todo, la difusión de la noticia en los distintos medios se ha enfocado exclusivamente desde el punto de vista de la empresa.

El País titula: “El ERE le costará a Telefónica 2.700 millones de euros" [2], la entradilla explica: “El ajuste de plantilla -6.500 empleados- supondrá una caída importante de beneficios, aunque mantendrá el dividendo”.

El ABC, titula igual que El País, y añade: “La compañía tendrá que asumir el pago de unos 415.000 euros de media por cada uno de los 6.500 trabajadores afectados" [3]. Dicho así pareciera que cada empleado recibirá a modo de indemnización la cantidad de 415.000 euros. Pero en realidad lo que percibirán será un 68% de sus ingresos actuales hasta los 61 años y de ahí hasta los 65 un 34% de ese salario.

Es decir, que al hecho de ahorrarse primero un 32% del importe de esos salarios y posteriormente un 66%, se refiere la prensa como “gastos”, “carga”, “pago”, “asumir”, “disminución del beneficio”… Estoy seguro de que a todos los 6.500 empleados les gustaría tener un “gasto adicional” consistente en un aumento de sueldo de primero un 32% y después de un 66%.

Algunos medios se prestan a dar otra vuelta de tuerca en este asunto y publican el anuncio de Telefónica de la “creación” de un 7% de los empleos que ahora destruye. Se puede pensar que Telefónica podía haber optado por despedir a un 7% menos de los que va a despedir, pero hay que recordar que es mucho más beneficioso para la empresa disponer de personal mucho más joven al que pueden imponer unas condiciones salariales y contractuales mucho más ajustadas a la escasa moral que demuestra esta compañía.

El simple hecho de que la compañía reconozca que puede asumir el coste de los despidos sin grandes problemas y que todo su afán se centre en asegurar un determinado rendimiento en dividendos a sus accionistas, pone directamente en conexión al inversor con el despedido, al beneficiado con el perjudicado. Esta es una vía muy interesante para explorar qué es capaz de llegar a hacerle el ser humano a su vecino, a su familiar, a su amigo… por 75 céntimos de euros, y sobre todo, qué es capaz de hacerle una sociedad a sus integrantes, desde provocar que se maten por unos céntimos hasta incluso convertirles en un ente paradójico que aúne en una sola persona el 68% del salario que cobraba antes como empleado de Telefónica y 75 céntimos por acción, en el caso del empleado/accionista.

Puede que solo sean impresiones mías, pero creo que al final va a resultar que el empleo, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma… en beneficio para las empresas.

Blog del autor: http://impresionesmias.com/2011/07/16/telefonica-verguenza-consumada/

El Jefe de la patronal española hace gala de su ultraliberalismo antiobrero y carga contra funcionarios, parados y estudiantes

[Kaos en la Red]

El discurso neoliberal en su plena esencia, un discurso peligroso y populista, que prejuzga de antemano a las personas, y que pretende establecer un régimen meritocrático donde solo los más aptos, y los más sumisos, sobrevivan. Un discurso que trata a las personas según criterios meramente económicos de inversión-rentabilidad, y que anula por completo el carácter humano de trabajadores, desempleados y estudiantes. Este el resumen del discurso lanzado hoy por Juan Rosell, Presidente de la Patronal española, quien ha expuesto sus "recetas" para facilitar la salida de la crisis en España, unas recetas que pasan por tratar al trabajador como simple mercancía, cada vez con más descaro y falta de visión humanista.

Entre otras cosas, Juan Rosell ha señalado que hay que acabar con los funcionarios "prepotentes e incumplidores" y con aquellas personas que se apuntan al paro "porque sí".

"Quien se apunte al paro porque sí, habrá que decirle que no", ha dicho Rosell, que ha añadido que todos los parados que estén inscritos en los servicios públicos de empleo deben formarse al mismo tiempo que cobran la prestación.

En relación con los funcionarios, ha apostado por evaluarles y hacerles ver que "no son dueños" de su puesto de trabajo. También ha pedido que se penalice el absentismo laboral y se combatan los abusos asociados a las visitas al médico y el fracaso estudiantil.

"Al estudiante hay que decirle que un fracaso se le puede consentir, pero que esté ocho años para acabar una carrera de cinco, no se le puede consentir y no se lo vamos a pagar siempre", ha precisado Rosell, que ha agregado que para conseguir todo eso debe cambiarse el funcionamiento de los servicios públicos.

Neoliberalismo puro y duro, cuyos objetivos no son otros que acabar con el estado del bienestar y la presencia de trabajo público en cualquier sector de la administración o los servicios sociales, así como limitar el gasto social a meras inversiones de dinero público que puedan ser posteriormente rentabilizadas por el sector privado, acabando, de paso, con todo aquello cuanto pueda suponer una inversión social no rentable en términos económicos para el sector privado, pese a que sí puedan mostrar su rentabilidad desde el punto de vista de la formación humanista, o de la simple cobertura social a los derechos de las personas.

Viviendo en mi casita de papel

La CEOE no se conforma y quiere más reformas que dejen a las/os trabajadoras/es en condiciones de explotación sin límites

[Kaosenlared]

El secretario general de la CEOE, José Lacasa, ha dicho este lunes que la patronal volverá a poner en la mesa de diálogo sobre contratación, que se desarrolla a nivel tripartito entre el Gobierno, esta organización y los sindicatos, la modalidad de contrato único con 20 días de indemnización por despido.

En su intervención durante la presentación del «Informe Anual 2010 sobre Libertad Económica en el Mundo», Lacasa ha explicado que esta cuestión, junto al contrato para jóvenes y la contratación a tiempo parcial, son los principales aspectos que se abordarán en el diálogo con el Gobierno y las organizaciones sindicales, con las que se reunirá el próximo lunes.

El secretario general de la CEOE recordó que la cifra de paro juvenil en España es "inaceptable", y añadió que la propuesta de alargar el contrato de formación hasta los 35 años -no concretada en la mesa de diálogo- aunque es "excesivamente amplia", es necesaria.

Explicó que la patronal quiere encontrar un "consenso base" con los sindicatos sobre el contrato juvenil, para lo cual está trabajando sobre otros tipos de contratación alternativos.

Según Lacasa, una de las posibilidades sería el modelo dual alemán de formación y empleo, por lo que, dijo, la CEOE ha enviado una delegación a dicho país para analizarlo más de cerca.

Enmiendas a la negociación colectiva

En cuanto a la tramitación parlamentaria de la reforma de la negociación colectiva, Lacasa repitió que la patronal tratará de recuperar las "líneas maestras" de la postura mantenida durante las conversaciones con CC.OO. y UGT a través de propuestas de enmiendas a los distintos grupos políticos.

Con ello se refería a la postura de la patronal sobre flexibilidad interna, absentismo laboral, prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y reducción de la ultraactividad (prórroga automática del convenio colectivo cuando éste se extingue, en caso de no haber acuerdo sobre su renovación), todos ellos temas en los que "es necesario avanzar".

No obstante, señaló que la intención de la CEOE y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) es mantener el diálogo social con los demás agentes sociales, ya que no quiere dejar caer "en saco roto" las cien horas de negociación (sobre la reforma de la negociación colectiva) con los sindicatos.

Manifestación en defensa de la Negociación Colectiva

Este viernes 10 de Junio, la Plataforma de Lluita contra les retallades convoca a una manifestación en DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA puesto que el Gobierno va a presentar un decreto ley ese mismo día en el Consejo de Ministros, tras el fracaso de las negociaciones con sindicatos y patronal.

Hora y lugar de inicio y final de la manifestación: 20:30h desde la casa de las Brujas hasta COEPA.

Manifiesto de la Plataforma de Lluita contra les retallades:

En estos últimos meses nos han contado que los gobiernos europeos estaban sometidos a grandes presiones desde la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, entre otros “entes”, para llevar a cabo una serie de reformas con el objetivo de mejorar las perspectivas económicas. En nuestro país se han llevado a cabo dos de esas reformas estructurales: la reforma laboral (hace ahora un año) y la reforma del sistema de pensiones (hace tan solo 4 meses). En marcha está la reforma del sistema financiero de cajas, que sigue disponiendo de dinero público sin pudor. Ninguna de ellas parece que haya ayudado a mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras.
 
Ahora está sobre la mesa la reforma sobre la negociación colectiva, el estandarte que preserva nuestros derechos como clase trabajadora. Las cúpulas sindicales de CCOO y UGT han tratado de llegar a un acuerdo con la patronal (CEOE), que ha terminado debido a que los empresarios pretendían recuperar propuestas rechazadas al inicio de las negociaciones en su último documento, presentado después de conocerse el panorama político que ha quedado tras las elecciones del 22 de mayo. 
 
La patronal busca eliminar los convenios colectivos.

¿Qué es un convenio colectivo?

Es un acuerdo entre los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores que regula las condiciones de trabajo y productividad. Los convenios colectivos obligan a su cumplimiento a empresarios y trabajadores afectados dentro de su ámbito de aplicación (estatal, autonómico, provincial, sectorial, etc) durante todo el periodo de vigencia del mismo.

Las imposiciones de la patronal

1. Eliminar la “ultraactividad” de los convenios colectivos, según la cual los convenios que caduquen y no sean renovados en un plazo de seis meses tienen que decaer. Esto nos dejaría a los trabajadores y a las trabajadoras con convenio cero, es decir, con el mínimo sectorial o provincial y la necesidad de discutir con la empresa todas las mejoras desde el principio.

2. Dividir a la clase obrera sacando a distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras del ámbito de los convenios con la consiguiente pérdida de coberturas para éstos/as.

3. Permitir que empresas de hasta seis trabajadores no estén bajo ningún convenio durante los dos primeros años, creando gran incertidumbre en el tipo de plantillas a contratar y sus condiciones laborales.

4. Atribuir a la empresa la capacidad de decidir en los cambios de horarios, de jornadas o de movilidad funcional. La CEOE propone que hasta un 30% del turno se pueda alterar con dos días de anticipación.

5. Permitir a las empresas, con los nuevos criterios, cualquier descuelgue del convenio, incluido el salarial, que implicaría la reducción drástica de salarios por diferentes causas, empujando a la clase trabajadora a condiciones laborales de otra época.

Las exigencias de la clase trabajadora

1. El derecho a la Negociación Colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo los jóvenes becarios y becarias (una/un becaria/o no debe ser carne para mano de obra barata).

2. Derogar la reforma laboral e impedir los despidos salvajes, las ETT’s y las contratas y subcontratas, etc

3. Jubilación a los 60 años.

4. Jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial.

5. El reparto del trabajo y la riqueza.

6. Que la crisis la paguen quienes la han provocado.

Porque en la Plataforma de Lucha contra los recortes creemos que no se puede permitir a la patronal decidir los derechos laborales de la clase trabajadora.

Porque creemos en la fuerza de la clase trabajadora para defender sus derechos.

Porque sabemos que no hay salidas individuales y que sólo en nuestra unidad, organización y lucha encontraremos un futuro favorable para nuestros intereses.

Porque 16.000 trabajadores mueren al año en el Estado español por enfermedades relacionadas con el puesto de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales aumentará gravemente los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Porque ningún derecho está consolidado, todos los derechos se ganaron luchando y si no luchamos los perderemos.

TRABAJADORA, TRABAJADOR

¡¡ MANIFIÉSTATE EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA!!

Más de 320.000 trabajadores han dejado de cobrar el paro en el último año

[Carlos Sanchez, El confidencial]

Los ‘bellacos’ tenían razón. Sostenía Zapatero en plena campaña electoral que el Gobierno socialista no ha hecho recortes sociales, pero lo cierto es que, sin haber modificado las leyes laborales en cuanto a cobertura del desempleo, la protección social de los parados se reduce a toda velocidad.

Los datos más recientes del Ministerio de Trabajo muestran que durante el primer cuatrimestre del año casi 200.000 parados (199.050) perdieron su derecho a seguir cobrando el desempleo tras agotar la prestación. Si la comparación se hace respecto de abril del año pasado, el resultado es igualmente elocuente. Nada menos que 328.674 parados han dejado de percibir el desempleo. Poco más de 2,8 millones de parados cobran hoy una prestación económica.

Como consecuencia de ello, la tasa de cobertura ha bajado hasta representar el 72,79% de los parados (diez puntos menos que hace un año). Se trata del nivel más bajo desde el comienzo de la crisis. En concreto, desde 2007, y refleja con toda nitidez las dificultades del mercado de trabajo. La diferencia estriba en que por entonces había poco más de dos millones de parados registrados en las oficinas públicas de empleo, y hoy se ha roto la barrera de los 4,2 millones en términos desestacionalizados por el Ministerio de Economía (4.207.200).

Ese porcentaje, en todo caso, no es homogéneo. Algunas modificaciones legales introducidas durante el primer Gobierno socialista expulsaron del cómputo a la hora de calcular la cobertura a los parados sin empleo anterior. De incluirse a este colectivo, formado por 432.975 parados, el porcentaje de cobertura sería muy inferior. Se situaría, en concreto, en el entorno del 63%, el mismo nivel que en 2005, nada más llegar el presidente Zapatero a la Moncloa.

Si la cobertura se hace respecto de los datos de paro que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA), se estaría hablando de una cobertura que apenas alcanza al 57% de los parados… y a la baja. A medida que se agotan los dos años de desempleo, sólo los mayores de 45 años con cargas familiares tienen derecho a percibir un subsidio asistencial por seis meses.

Lo más preocupante, con todo, es que la caída de la tasa de cobertura no sólo afecta al nivel contributivo, sino que comienza a hacer mella también entre quienes perciben una prestación de carácter asistencial por haber agotado o por no haber podido hacer aportaciones al desempleo.

Subsistir con 426 euros al mes

En abril, por tercer mes consecutivo, el número de beneficiarios de alguna prestación de carácter asistencial ha vuelto a caer. Ahora hay 1.355.356 trabajadores en paro que subsisten con 426 euros al mes, lo que significa 173.467 parados menos que hace un año. El único colectivo en el que aumenta la protección es el que cobra la denominada Renta Activa de Inserción, que opera sobre los trabajadores en paro más necesitados que han agotado, incluso, el subsidio asistencial.

La causa de esta caída del nivel de cobertura de desempleo tiene que ver, lógicamente, con lo prolongado de la crisis, que hace que muchos trabajadores lleven ya más de dos años en paro.

Teniendo en cuenta que el año más duro de la crisis fue 2009 -cuando se destruyeron nada menos que 1,37 millones de puestos de trabajo-, eso significa que a medida que vayan transcurriendo los meses de 2011, más trabajadores verán agotado su derecho a cobrar una prestación económica, con lo que ello supone desde el punto de vista social. Aquél año, el número de altas de beneficiarios por desempleo (no todos los nuevos beneficiarios tienen derecho a cobrar dos años de paro) alcanzó un récord histórico de 2,55 millones.

La Renta Activa de Inserción (el 75% del SMI) es el instrumento con que cuenta el Gobierno para evitar situaciones de exclusión. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la cuantía media de la prestación contributiva (la más elevada) se sitúa en 28,45 euros diarios.