[Insurgente]
El gobierno anterior encargó una compra de gases lacrimógenos para su uso en equipos antidisturbios. Según el último BOE del 31 de diciembre de 2011, el Gobierno del Partido Popular ha adquirido por un valor total de 1.488.570 euros artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil. Los artificios han sido comprados a la empresa Falken, S.A, y aunque la compra se haya formalizado con el PP en el gobierno, la adjudicación fue hecha con el PSOE en la Moncloa. Del documento se desprende que su uso irá destinado para los equipos antidisturbios. El documento completo puede leerse en el siguiente enlace:
Boletín Oficial del Estado (BOE)
[Kaos en la Red]
Los presidentes de CEOE-Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, tomarán personalmente las riendas de las negociaciones esta semana para tratar de alcanzar antes del 7 de enero algo más que un acuerdo parcial que sirva de base para la próxima reforma laboral que debería aprobarse en el primer trimestre, informaron a Europa Press en fuentes de la negociación.
En el caso de que una vez cumplido el plazo fijado por el Gobierno no haya un acuerdo global entre patronal y sindicatos es previsible que el Ejecutivo legisle,
aunque desde el Ministerio de Empleo no se ha aclarado si cabría un
primer acuerdo de mínimos en enero y una nueva prórroga hasta marzo para
que las partes puedan seguir negociando los asuntos más espinosos.
A la vista del decreto de medidas urgentes aprobado el pasado viernes, al Ejecutivo no le temblará tampoco el pulso si tiene que legislar unilateralmente la nueva reforma del mercado de trabajo,
lo que podría servir de acicate para que en los próximos días se
produjese un acercamiento de posturas entre los agentes sociales.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
se encargó en la reciente ronda de contactos con los 'primeras espadas'
de la patronal y los sindicatos de transmitirles esta urgencia, algo
que, según dijo posteriormente, fue acogido con buena voluntad por sus
interlocutores. Sin embargo, será difícil que los agentes sociales den
pasos al frente que no se hayan dado hasta ahora. Por el momento, solo
habría cuatro ámbitos en los que el acuerdo estaría prácticamente
cerrado: la redistribución de los festivos, la solución extrajudicial de los conflictos, mutuas y absentismo y formación.
Pasar festivos al lunes
Uno de los puntos más cercanos al acuerdo es el de la reorganización
de los festivos que dependen del Gobierno Central, para trasladar
algunos de estos días al lunes para ganar competitividad. Los agentes
sociales están discutiendo en torno a tres fechas. Dos de ellas estarían
pactadas ya: el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y la Asunción
de la Virgen (15 de agosto). El problema es si el tercero es el de la
Inmaculada Concepción (8 de diciembre) -que la CEOE rechaza porque
supondría mover tres festividades religiosas- o el Día de la
Constitución (6 de diciembre).
En cualquier caso, una y otra fecha supondría acabar con el
'macropuente' de diciembre. La patronal quiere que el cambio de los
festivos opere ya desde 2012. Además, estaría prácticamente culminado un
pacto para renovar el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos
(ASEC) -que actualmente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012-
desde enero del próximo año hasta 2016.
Este arbitraje afectaría a la negociación colectiva de ámbito
nacional, sería voluntario, tendría mayor vinculación a las comisiones
paritarias y se extendería a otros litigios como los plazos máximos de
negociación de convenios, para solucionar el problema de la
ultraactividad (prórroga automática de un convenio en ausencia de su
renovación).
Además, este arbitraje tendría eficacia general y directa, de modo
que aquellas empresas que no se quieran adherir tendrán que comunicarlo
expresamente y tendrán un plazo de unos tres meses para acordar con los
sindicatos otras vías de solución extrajudicial. Dentro de este acuerdo
se incluiría también una fusión de las listas de árbitros de todos los
agentes sociales y una búsqueda de más profesionalidad con el
reforzamiento de su formación continua.
Los escollos: salarios y contratación
En cuanto a los desacuerdos, las mayores fricciones siguen centradas
en la renovación del acuerdo de moderación salarial hasta 2014. La
postura de la CEOE es la de un "crecimiento extremadamente moderado" de
los salarios. En el caso de los sindicatos, apuestan por una moderación
salarial, pero no hasta ese punto, y ponen la barrera de lo extremo en
aproximadamente el 1%.
Asimismo, aún aleja a las partes la petición por parte de la CEOE de
desindexar los salarios y vincularlos a productividad. En este terreno,
los sindicatos estarían poniendo de manifiesto la dificultad de conocer
datos objetivos sobre productividad, aunque estarían abiertos a ligar
los salarios a otras fórmulas, como la inflación subyacente (IPC sin
precios energéticos ni alimentos frescos), o hablar de salarios fijos y
variables. Además, los sindicatos piden que se respete el vigente
acuerdo de moderación salarial para 2012 -entre el 1,5% y el 2,5%- en el
caso de los convenios plurianuales con efectos en el próximo año,
cuestión en la que parece haber bastante cercanía.
Aunque el Gobierno no puede legislar sobre los salarios del sector
privado, la postura del Ejecutivo sobre esta cuestión parece clara. Así,
tras la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, la ministra de
Empleo dejó caer que la congelación del salario mínimo interprofesional
(SMI) es un "importante mensaje de moderación salarial para ayudar a la
recuperación económica".
Contratación
Por otro lado, las partes siguen negociando sin visos de acuerdo
otras materias que deben tener, eso sí, la última palabra del Gobierno.
Es el caso de la contratación, en el que hay tres frentes abiertos. El
primero sería el contrato de formación, actualmente limitado
temporalmente a los trabajadores de hasta 30 años, pero destinado más
adelante a aquellos de hasta 25 años, que la CEOE quiere desvincular de
un límite de edad.
Además, la patronal quiere reducir su carga de formación retirando la
obligación de que estos trabajadores tengan que estar guiados por un
tutor en la empresa, responsable que los sindicatos piden que corra a
cargo de los Servicios Públicos de Empleo. Además, las centrales
persiguen que esta modalidad sirva de base para un futuro sistema de
formación dual.
Otras cuestiones en el aire son el impulso de la contratación a
tiempo parcial y de la conversión de contratos temporales en
indefinidos, así como los costes del despido, aunque es una cuestión que
en principio no está en la bolsa de temas que Rajoy trasladó a los
agentes sociales.