[Kaos en la red]
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la ley de modernización del sistema de la Seguridad Social tras ratificar las 40 enmiendas incorporadas en el Senado, cerrando así un trámite parlamentario en el que el PSOE sólo ha conseguido el apoyo de CiU para impulsar el retraso de la edad de jubilación hasta los 67.
Aunque el Pleno de este jueves no ha votado el conjunto de la norma, sino sólo las enmiendas de la Cámara Alta, los portavoces del PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD han recalcado su posición contraria al global de una reforma que, a su juicio, supone un recorte de las pensiones y los derechos de los trabajadores, al tiempo que no garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha negado que la norma suponga "ningún recorte" y ha garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entren plenamente en vigor estos aspectos. Es más, según sus cálculos, más adelante, a partir de 2040 o 2050, las pensiones seguramente se "triplicarán e incluso más", pese a que habrá 18 millones de pensionistas.
Asimismo, ha recalcado que estos aspectos de la norma vienen avalados tanto por los agentes sociales como por el propio Parlamento, a través del Pacto de Toledo, y contemplan un plazo de 15 años, entre el 1 de enero de 2013 y 2027 para introducir progresivamente los cambios.
[Victor J. Sanz, Rebelión]
Finalmente, se ha salido con la suya. Telefónica ha conseguido que el ministerio de Trabajo autorice el expediente de regulación de empleo (ERE) [1], que afectará a unos 6.500 empleados.
La compañía registró en 2010 unos beneficios récord de 10.167 millones de euros, un 30% mayores que en 2009. El premio, la comisión, el salario variable para 6.500 de sus trabajadores es… un ERE.
A pesar de todo, la difusión de la noticia en los distintos medios se ha enfocado exclusivamente desde el punto de vista de la empresa.
El País titula: “El ERE le costará a Telefónica 2.700 millones de euros" [2], la entradilla explica: “El ajuste de plantilla -6.500 empleados- supondrá una caída importante de beneficios, aunque mantendrá el dividendo”.
El ABC, titula igual que El País, y añade: “La compañía tendrá que asumir el pago de unos 415.000 euros de media por cada uno de los 6.500 trabajadores afectados" [3]. Dicho así pareciera que cada empleado recibirá a modo de indemnización la cantidad de 415.000 euros. Pero en realidad lo que percibirán será un 68% de sus ingresos actuales hasta los 61 años y de ahí hasta los 65 un 34% de ese salario.
Es decir, que al hecho de ahorrarse primero un 32% del importe de esos salarios y posteriormente un 66%, se refiere la prensa como “gastos”, “carga”, “pago”, “asumir”, “disminución del beneficio”… Estoy seguro de que a todos los 6.500 empleados les gustaría tener un “gasto adicional” consistente en un aumento de sueldo de primero un 32% y después de un 66%.
Algunos medios se prestan a dar otra vuelta de tuerca en este asunto y publican el anuncio de Telefónica de la “creación” de un 7% de los empleos que ahora destruye. Se puede pensar que Telefónica podía haber optado por despedir a un 7% menos de los que va a despedir, pero hay que recordar que es mucho más beneficioso para la empresa disponer de personal mucho más joven al que pueden imponer unas condiciones salariales y contractuales mucho más ajustadas a la escasa moral que demuestra esta compañía.
El simple hecho de que la compañía reconozca que puede asumir el coste de los despidos sin grandes problemas y que todo su afán se centre en asegurar un determinado rendimiento en dividendos a sus accionistas, pone directamente en conexión al inversor con el despedido, al beneficiado con el perjudicado. Esta es una vía muy interesante para explorar qué es capaz de llegar a hacerle el ser humano a su vecino, a su familiar, a su amigo… por 75 céntimos de euros, y sobre todo, qué es capaz de hacerle una sociedad a sus integrantes, desde provocar que se maten por unos céntimos hasta incluso convertirles en un ente paradójico que aúne en una sola persona el 68% del salario que cobraba antes como empleado de Telefónica y 75 céntimos por acción, en el caso del empleado/accionista.
Puede que solo sean impresiones mías, pero creo que al final va a resultar que el empleo, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma… en beneficio para las empresas.
Blog del autor: http://impresionesmias.com/2011/07/16/telefonica-verguenza-consumada/
[Kaos en la Red]
El discurso neoliberal en su plena esencia, un discurso peligroso y populista, que prejuzga de antemano a las personas, y que pretende establecer un régimen meritocrático donde solo los más aptos, y los más sumisos, sobrevivan. Un discurso que trata a las personas según criterios meramente económicos de inversión-rentabilidad, y que anula por completo el carácter humano de trabajadores, desempleados y estudiantes. Este el resumen del discurso lanzado hoy por Juan Rosell, Presidente de la Patronal española, quien ha expuesto sus "recetas" para facilitar la salida de la crisis en España, unas recetas que pasan por tratar al trabajador como simple mercancía, cada vez con más descaro y falta de visión humanista.
Entre otras cosas, Juan Rosell ha señalado que hay que acabar con los funcionarios "prepotentes e incumplidores" y con aquellas personas que se apuntan al paro "porque sí".
"Quien se apunte al paro porque sí, habrá que decirle que no", ha dicho Rosell, que ha añadido que todos los parados que estén inscritos en los servicios públicos de empleo deben formarse al mismo tiempo que cobran la prestación.
En relación con los funcionarios, ha apostado por evaluarles y hacerles ver que "no son dueños" de su puesto de trabajo. También ha pedido que se penalice el absentismo laboral y se combatan los abusos asociados a las visitas al médico y el fracaso estudiantil.
"Al estudiante hay que decirle que un fracaso se le puede consentir, pero que esté ocho años para acabar una carrera de cinco, no se le puede consentir y no se lo vamos a pagar siempre", ha precisado Rosell, que ha agregado que para conseguir todo eso debe cambiarse el funcionamiento de los servicios públicos.
Neoliberalismo puro y duro, cuyos objetivos no son otros que acabar con el estado del bienestar y la presencia de trabajo público en cualquier sector de la administración o los servicios sociales, así como limitar el gasto social a meras inversiones de dinero público que puedan ser posteriormente rentabilizadas por el sector privado, acabando, de paso, con todo aquello cuanto pueda suponer una inversión social no rentable en términos económicos para el sector privado, pese a que sí puedan mostrar su rentabilidad desde el punto de vista de la formación humanista, o de la simple cobertura social a los derechos de las personas.
